Desde Vicente López contaminaron la red de agua potable con cromo

La responsable directa fue la empresa Diacrom de Munro. A ella se culpa por haber arrojado desechos de cromo a la red pluvial y de ahí filtrarse hacia la potable. Vecinos muertos y otros con cáncer son la muestra más evidente de la seriedad del caso. Intiman a la provincia y a Aysa.

Con un fallo catalogado como inédito, el Tribunal Laboral Nº 1 de San Isidro comprobó la contaminación con cromo que existe en la red de agua corriente. Es la primera vez que la justicia se expide con una sentencia de estas características en la que ratifica no sólo lo que los abogados ambientalistas sostenían, sino que sanciona a la empresa contaminante e intima a la provincia de Buenos Aires a remediar el suelo y a AySa a instalar una red de agua potable nueva. A partir del fallo se demuestra que distritos como San Martín, San Isidro, San Fernando, Tigre, además de Vicente López, toman agua potable contaminada. En bajas dosis, pero contaminadas al fin.La querella ante los tribunales la llevó a cabo la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), bajo la dirección jurídica de su Director Ejecutivo, Mariano Aguilar. El fallo se encuentra caratulado “Fundación Ecosur c/ municipalidad de Vicente López y otro s/ Amparo” (expediente Nº 39.878 y tramitado ante el Tribunal del Trabajo Nº 1 del Departamento Judicial de San Isidro con fecha 10 de marzo de 2008).    El abogado inició la “cruzada judicial” -no es frecuente este tipo de sentencias y mucho menos que la justicia falle con el sentido común y la realidad en la mano- a partir de las reiteradas denuncias de contaminación con cromo y plomo que padecían decenas de vecinos de Munro y Villa Martelli. El foco contaminante, y así lo acaba de demostrar la justicia, es la empresa Diacrom (José Hernández y Sívori), tal cual certifica el abogado Aguilar, ante la consulta telefónica de Lo Nuestro. “Pero no sería la única”, afirma Mariano Aguilar.No pocas fueron las veces que cientos de vecinos debieron salir a ganar la calle reclamando por su deteriorado estado de salud. La última fue la empresa Melthis (agroquímicos) que debió ser clausurada ante los reclamos de los vecinos.Muchas de estas denuncias y movilizaciones fueron minimizadas por las actuales autoridades municipales, cuando no descalificadas, aduciendo que tenían un tinte político. Sucede que la provincia poco y nada hizo para revertir la situación, de ahí el reclamo ante las autoridades municipales. Seguramente nada casual, la actual Secretaria de Obras Públicas del imputado intendente Enrique García, Silvia Suárez Arocena, era en aquel entonces Secretaria de Política Ambiental de Felipe Solá. Pero lo más grave en torno a esta realidad que padece ya no sólo Vicente López sino vastos sectores de la provincia, es que no pocos han sido los vecinos que padecieron -algunos murieron- o tienen cáncer a raíz de la contaminación encontrada en Munro y Villa Martelli. Muestra de eso da María Luz Ledezma, quien carga con su mal a cuestas. “Ahora podemos respirar un poco más tranquilos, sabiendo que la justicia nos dio la razón”, explica Ledezma. Y lo mismo sucede con otros vecinos de Munro y Villa Martelli que tienen problemas de salud por cuestiones ambientales generadas por empresas privadas -ver www.diariolonuestro.com.ar, ediciones anteriores-.A instancias de los vecinos, los abogados detectaron que Diacrom -hace más de 50 años trabaja con cromo- no realizaba un adecuado tratamiento de los materiales residuales. De acuerdo con los datos apostados por los abogados ambientalitas, la empresa enviaba sus desechos a la red pluvial. De ahí se filtraron a la red de agua potable ocasionando la contaminación del caso. Si bien esto no significa que todo el mundo que tome agua de la canilla vaya a estar contaminado, lo real es que ciertos organismos humanos se afectan más que otros. Según algunos testimonios de empleados de la empresa que pidieron la reserva del caso -supuestamente debiera estar clausurada-, en 1956 tiraban todo el cromo sobrante a unos piletones. Después habrían cambiado de metodología: todo a los pluviales. Cierto o no, lo concreto es que la contaminación existe. Y también se da en el suelo de las inmediaciones.Con semejante contaminación en curso y con la planta elevadora de Villa Adelina que abastece los municipios hoy afectados, los conductos se convirtieron en el mejor vehículo a la hora de afectar a la población. “En el fallo se condenó a la provincia de Buenos Aires a realizar un procedimiento inmediato de resanación  del daño ambiental dañado, y para el caso que el gobierno considere imposible hacerlo, deberá promover una acción judicial en la justicia ordinaria para que Diacrom s.a.c.i.c. sea condenada a indemnizar sustitutivamente al Fondo de Compensación Ambiental de conformidad con los artículos 28 y 34 de la ley nacional Nº 25.675”, explica Aguilar. También exige que la provincia realice un control exhaustivo de las empresas que se ocupan del control del agua por AySA S.A., para prevenir la agravación de la contaminación detectada en lo sucesivo. Y la intima para que en cinco días, el Estado Nacional realice las obras necesarias para poner fin a la contaminación de las aguas distribuidas por AySA a los partidos referidos. Seguramente la medida será apelada por las partes involucradas. A partir del fallo AySa debería tender una nueva red de agua potable. Por lo menos esto es lo que exigen los abogados y los propios afectados.Lo llamativo del caso es que la justicia deja de lado la responsabilidad del municipio, aún sabiendo que conocía la situación. No obstante, los magistrados deberán dar cuenta de su sentencia a todos los municipios afectados y a los correspondientes Concejos Deliberantes. Por su parte, los abogados apelarán la sentencia ya que intentarán demostrar que la administración García también tiene su cuota de responsabilidad. Desde hace años, vecinos de Villa Martelli y Munro vienen exigiendo mayor seriedad y responsabilidad por parte del municipio. No pocas industrias allí instaladas son objeto de duros cuestionamientos por ser centros de contaminación ambiental. Decenas de certificados médicos dan cuenta de esta situación. Estela de Longarini, vecina de Munro y afectada por la contaminación, viene reclamando junto a sus vecinos (desde hace años) de manera infructuosa ante las autoridades, por una remediación de toda la zona. “Tal vez el fallo abra la puerta de un nuevo camino”, se esperanzan no pocos vecinos consultados luego de conocida la sentencia. 

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