Padres denuncian zona liberada para el delito

No pocos chicos han sido víctimas de robos a la salida de una disco de Libertador e Hipólito Yrigoyen. Esto sucede mientras intentan llegar a la Avda. Maipú.

Por ser una nota reiterativa, no deja de ser seria y preocupante: delitos y zonas liberadas. Así de claro y sencillo hablan los vecinos al momento de exponer su realidad ante Lo Nuestro. En su mayoría son padres que tienen chicos adolescentes y tienen en común que mucho de ellos van a bailar a una disco de Libertador e Hipólito Yrigoyen, en Olivos. De acuerdo con los distintos relatos, los chicos suelen ser víctimas de robos y arrebatos al momento de intentar caminar por Yrigoyen, con dirección a la Avda. Maipú. Y no es la primera vez que los padres salen a la palestra a denunciar los robos sobre esta franja de Vicente López. Recientemente, algunos matutinos capitalinos sorprendieron con el relato de una joven que no sólo fue asaltada sino que la subieron a una camioneta para intentar concretar un secuestro express. “Lo que pedimos es que la municipalidad ilumine más las calles y que la policía actúe con mayor celeridad”, explica a modo de ruego, Daniel D¨Elia, padre de una de las tantas adolescentes que frecuentan los fines de semana el negocio bailable. Si bien son conscientes de que “no existe la seguridad cero o total”, tal cual describe Amalia Hoffman, sí reclaman que “se activen más seriamente los mecanismos de control callejero”.Para estos padres, la falta de presencia policial y la reiteración de robos, los lleva a pensar en zonas liberadas. Una apreciación que tal vez no se aparte de la realidad. Seguramente su mirada haya sido puesta en las recientes declaraciones que realizara el intendente de La Plata. Pedro Bruera, de él se trata, salió por diferentes medios afirmando que su municipio pareciera haber sido cubierto por un paraguas de zona liberada. La falta de personal policial, sumado a la falta de investigación y prevención de delitos, contribuían, decían algunos comerciantes víctimas de reiterados atracos, al incremento de los robos en la ciudad de las diagonales. Sucede que no pocos uniformados han salido de servicio hacia la costa y esto mermó, en algunos distritos, el personal policial en las calles. En el caso de Vicente López, no es la primera vez que se denuncian zonas liberadas. Cuando esto sucede, desde “La Bonaerense” se suele acusar al poder político -la gobernación-, de no destinar los fondos necesarios para atender el día a día de las comisarías. Sin embargo, la realidad pareciera desmentir esta apreciación. Bastaría ver el presupuesto de seguridad que destina la provincia, para comprender que la mirada policial no es de lo más certera. “Tal vez les falte recursos, pero no tantos como para no prevenir el delito”, asegura Rodolfo Santángelo, del Grupo Coincidencias. Una agrupación vecinal que en reiteradas oportunidades ha puesto de manifiesto alternativas tendientes a mejorar la seguridad local. Como sucede con muchas otras cuestiones de interés comunitario, las autoridades municipales le restan importancia a los aportes que se realizan, en este caso, sobre materia de seguridad. Las autoridades municipales suelen desacreditar las voces vecinales. El sanisidrense Marcelo Saín, actual Director de Seguridad Aeronáutica, cuando le tocó ser segundo del Ministerio de Seguridad provincial en tiempos de Juan Pablo Cafiero, denunció la connivencia entre delito y poder municipal. Sus críticas estaban centradas en las decenas de desarmaderos clandestinos de automóviles que operaban desde hace años en el Gran Buenos Aires. La falta de contundencia y firmeza de muchos intendentes sobre los uniformados y ciertos tipos de negocios -se desprendía de los dichos del funcionario-, ayudaba a los delincuentes. En la misma linea que el funcionario, algunos jueces de la provincia relacionaban al delito con la corrupción policial y política. Claro que el poder judicial tampoco pareciera haber hecho todos los deberes como corresponde.No es ningún secreto que el poder policial se vio fuertemente incrementado con la irrupción de los uniformados en 1976. Estamos hablando de la policía del general Camps y sus cómplices civiles. Si bien muchos fueron los intentos por desarticular aquellas viejas prácticas y “costumbres”, aún hay bolsones dentro de la institución que parecen resistir los cambios que la democracia exige. Por eso resulta importante el valor de denunciar esta suerte de zonas liberadas. Hoy los padres toman coraje y salen a denunciar una vez más esta situación, con las dudas de pensar que todo pueda caer en saco roto. “Pero si no lo decimos, nos sentimos en falta; los pibes no denuncian los hechos porque creen que no tiene sentido”, explica Alberto. En los últimos años la policía de la provincia ha visto incrementado su presupuesto. Esto se tradujo en mayor incorporación de móviles, más tecnología, más equipamiento -ver recuadro-. En los últimos años también se apostó a una mayor profesionalidad. El desplazamiento de los corruptos e “impresentables”, como los que recientemente fueran apartados de la Comisaría de Olivos (hicieron una fiestita con chicas de la noche en la sede policial), cubrió gran parte de la anterior gestión ministerial. También se aplicaron sendas reformas al Código Penal. Se intentó avanzar sobre el mejoramiento del sistema penitenciario. Y por lo visto todo esto no alcanzó. Si algo queda en claro es que el mejoramiento de la seguridad tendrá que ver, en principio, con una firme vocación política. Una faceta en la que los intendentes juegan un rol destacado.El resto se logrará con tiempo, con más inversión en educación, con mayor inclusión social, con propuestas a miles de jóvenes que deambulan por las calles. Y con una policía que respondiendo a firmes direcciones políticas, ponga mayor atención a la prevención del delito. Que, en definitiva, la inteligencia policial actúe antes que la delictiva. Los cientos de casos -muchos de ellos con crímenes y desapariciones- nunca resueltos, muestran una grieta entre lo que la población demanda y lo que el poder de turno ofrece.

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