Dudas sobre el dinero que enviaron y nunca llego a buen destino

El municipio debía construir viviendas para más de 1000 familias de Villa Martelli con fondos que había remitido el gobierno nacional. Pasaron más de dos años y los vecinos siguen reclamando.

Basado en el Plan Federal de Viviendas, instrumentado por el gobierno nacional, vecinos del humilde barrio “Las Flores” y “Habana” de Villa Martelli -que por estas horas debieran estar disfrutando de su propia casa están como decía San Martín, “en pelotas” . Y estar en pelotas significa continuar viviendo en situación de absoluta pauperización y marginalidad social. Donde la falta de los elementos más básicos que hace una vida digna, ni siquiera asoman por sus puertas. Sólo la entereza y dignidad de muchos de estos vecinos hace que la adversidad y las carencias materiales no los devore. Aquella solución ofrecida por el gobierno nacional, que cada vecino pueda acceder a un vivienda, el imputado intendente García la convirtió en un verdadero problema. Los vecinos aún esperan las obras.En el año 2005, el imputado intendente aseguraba que en poco tiempo, más de 1300 familias podrían tener su vivienda. Las mismas deberían ser construidas en el barrio Las Flores y en el predio del antiguo Batallón 601 de Villa Martelli, Constituyentes y Gral. Paz. “Hace 2 años se firmó un Acta-Acuerdo entre la municipalidad y el Ministerio de Defensa, para que se construyan las viviendas en esos terrenos, pero el convenio quedó cajoneado por los concejales del oficialismo, sin que pueda ser homologado por el Concejo Deliberante”, explicó días pasados Martín Germán, presidente Comisión Vecinal Barrio Laprida. “Encima -agrega un ofuscado Martín- hace un mes atrás nos enteramos que el intendente García le pidió al Ejército Argentino hacer una modificación del Convenio donde le cambió el “uso” al terreno y en vez de ser destinado “únicamente para viviendas sociales”, es declarado como ‘reserva natural’ de Vicente López”. Esto, traducido en buen romance, significa dejar de lado las viviendas para dar paso a la construcción de emprendimientos comerciales. Tal vez lo más delicado resulta -así surge de datos extraoficiales- que los fondos destinados a dichas viviendas nunca llegaron a destino. El monto en cuestión supera los 12 millones de pesos. Las obras no se ejecutaron tal cual se había acordado entre el gobierno nacional y el municipal. La falta de cumplimiento llegó a los despachos de Balcarce 50, produciendo la lógica reacción de los funcionarios. Para apaciguar los ánimos, el Secretario de Viviendas del municipio, Andrés Sanz, prometió a los vecinos del Barrio Las Flores como a los del Barrio Habana, que se iban a construir sus casas en un terreno ubicado en Av. Constituyentes 489, “con lo que iba a desatar una pelea entre dos barrios humildes por el mismo espacio físico, que es insuficiente para todos“, describe Martín. Demás está decir que en el ánimo de muchos de ellos reina un espíritu de solidaridad, muy distante del enfrentamiento que pareciera alentar el gobierno municipal.Para encontrar una respuesta satisfactoria , más de 40 vecinos se acercaron al Concejo Deliberante. Allí y tras una hora de espera en la calle, fueron atendidos en el mismo sitio por el presidente del Concejo, Rubén Vecci; el presidente del Bloque de la UCR, Fabián Gnoffo, y el concejal Arturo Stanic (kirchnerista). Con cara de póquer, los tres ediles dijeron “que no estaban al tanto del tema, que tenían que investigar, y Gnoffo se animó a decir que el convenio ya había sido homologado por el Concejo. “Cuando le advertimos que no era así, se disculpó diciendo que con tantos expedientes que tenía en la cabeza se “podía haber confundido”, confiaba la vecina Marita Robles. Dìas despuès, nuevamente los vecinos se movilizaron frente al Concejo y la puerta del municipio. En esta ocasión -el pasado jueves-, sì los dejaron ingresar a la sesión. Los concejales iban a abordar la cuestiòn de las viviendas. Mientras el oficialismo (incluidos sectores de RECREAR/Pro y del Frente para la Victoria) insistìa en que no se podía definir la cesiòn de tierra del Batallón porque la naciòn no homologaba un viejo convenio, la oposiciòn los contradecía. La concejal Alicia Soria (Frente Grande), sacando a relucir una documentaciòn del Ministerio de Defensa, echó por tierra las argumentaciones. Leyendo la carta avalada por la ministro Garré, Soria dijo que “tenemos los argumentos jurìdicos que nos da el ministerio para avanzar con la construcción de las viviendas” y ampliò diciendo que “si no se avanza es por una decisiòn polìtica del intendente”. De ahí a decir que no hay interés en garantizar una vivienda para los más necesitados, hay un paso muy corto.Sin embargo, el radical Fabìàn Gnoffo, virtual vocero del imputado intendente, le confiaba a los vecinos de Martelli que “el Ministerio pretende declarar a varias hectáreas como reservas y además pretende que cambiemos el uso de las mismas”. Al respecto, cabe mencionar que actualmente sobre el predio existen actividades comerciales y todo indica que no pocos miran al predio con ojos inmobiliarios. Gnoffo, abordado por un grupo de vecinos, intentò calmarlos asegurando que “van a tener sus viviendas”´; el problema, agregó, es que “falta terreno en el partido”. Sin embargo, cuando este medio lo consultó por las amplias extensiones que tiene Vicene López sobre la costa, que bien parte de ellas podrían ser afectadas para planes de viviendas, la respuesta fue esquiva. Una historia que se repiteNo es la primera vez que la administración del imputado intendente Enrique García debe enfrentarse con las contradicciones que generan sus propias acciones. En junio del 2005, en la edición 500 de Lo Nuestro, se advertía en la portada del diario que “García convirtió la solución en un conflicto”. La nota hacía referencia a la promesa de construir más de 216 viviendas (más de 1000 personas) para los vecinos de Las Flores en Munro, ex Hulytego. Eran monoblocks de dudosa calidad, construidos como quien se saca un problema de encima. “Las obras atentan contra la calidad de vida de los que están y de los vecinos que vengan a vivir”, razonaba por entonces la vecina Estela Longarini. La falta de infraestructura (agua potable, estacionamiento, red cloacal, gas, escuela, salas de atención médica, por caso) eran los motivos por los cuales se objetaba la construcción de los mencionados monoblocks. Una instancia edilicia que condenaría a los vecinos de “Las Flores” a vivir en una suerte de Fuerte Apache. La presión de todos los vecinos hizo retroceder a las autoridades municipales. Sin embargo, esta puja no trajo aparejada la solución reclamada durante décadas por los vecinos de “Las Flores” y “Habana”. Una barriada de gente muy humilde (al extremo de la pobreza total), con un amplio espíritu de trabajo y un fuerte compromiso social. Comedores sociales y escuelas como “La Hormiguita” son muestra contundente de una población que sólo sabe de trabajo y dedicación por los demás. Gente muy distante, por cierto, de aquellos que apoltronados detrás de un escritorio pretenden digitar el destino de otros, como si todo se redujera a meras cuestiones estadísticas o de análisis políticos. Y alejados también de aquellos que con sus bolsillos satisfechos y poca solidaridad van por más. Con este panorama a cuestas y a modo de desligar responsablidades propias y asumiendo la incapacidad para garantizar la transparencia en los actos de gobierno, el imputado intendente firmaba un convenio con el Obispado de San Isidro. La idea era que el Obispado debía realizar un censo en la villa “Las Flores“ para “el realojamiento de los vecinos”. La firma entre el jefe comunal y monseñor Jorge Luis Lagazio, en representación del Obispo Jorge Casaretto, se llevó a cabo el 8 de abril del 2005. Por este servicio el municipio desembolsó la friolera de $269.100, -ver expediente 002372/2005 iniciado el 28 de marzo del mismo año. A cambio, los religiosos deberían garantizar a los vecinos capacitación “en las costumbres urbanas del habitar urbano, sus códigos y modalidades. “Indicar lugares para el depósito de residuos, sean individuales (canastos domiciliarios) o colectivos (volquetes colectivos), información de las características de los servicios de infraestructura y descripción de los artefactos sanitarios y de gas que se proveerán, asesoramiento en ubicación del mobiliarios, trabajo con planos y muebles en escala” eran otros de los puntos en los que se debían involucrar los religiosos. Pasaron más de dos años y aquella solución aportada por el gobierno nacional parece no encontrar destino final en los pagos de Vicente López. Municipios vecinos como San Isidro (ya construyó 900 viviendas en La Cava) y San Fernando, ya han dado respuesta concreta al déficit habitacional dentro de sus comunas. Aún con las propías limitaciones que implican no lograr satisfacer las necesidades de toda la población demandante.

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