La justicia lenta derivó en la prescripción de la causa

Muy a pesar de que la justicia y el poder político municipal les dieron la espalda, los familiares y amigos de las víctimas de Kheyvis convirtieron aquel terrible dolor en una verdadera causa de solidaridad y de lucha. Armaron el denominado Grupo Padres de Kheyvis, que brega, trabaja y busca concientizar a las nuevas generaciones de la necesidad de “defender nuestra calidad de vida”. “Hay que tomar conciencia que el no te metas, o el a mi no me va a pasar, no existe”, detalla Raúl Bouganem, padre de uno de los chicos fallecidos.

Pasaron 13 años desde que 17 chicos, en su gran mayoría alumnos del Colegio Lasalle de Florida, encontraran la muerte en la disco de Olivos. El resto de las víctimas (5) eran empleados. Uno de ellos Jorge Fajardo, titular del boliche bailable.

Fue un 21 de diciembre de 1993 cuando un incendio intencional, devoró el local. Poco y nada pudieron hacer los chicos para escapar de las llamas. Un local “mal habilitado”, sin sistemas de incendios, con “salidas de emergencias fuera de servicio” y la “imprudencia juvenil” convirtieron a esa noche en una verdadera trampa.
Producto de la lentitud judicial –algunos padres dicen que inspirado por las presiones políticas– determinó la prescripción de la causa penal. Así lo estableció el año pasado, el juez Andrés Lavenia de San Isidro .

Sin funcionarios municipales sumariados, con un intendente García que nunca atendió a los familiares, sin detenidos, las “víctimas vivientes” han recurrido a instancias internacionales en busca de “una justicia que aquí no se encuentra, porque la billetera y el poder político fueron más fuertes”, detalla con suma dureza e indignación Raúl Bouganem ante Lo Nuestro.

Tal cual se desprende de diversos informes periciales, el incendio se habría originado en el reservado de Kheyvis. En ese sitio, unos chicos disfrutando de una noche a plena diversión, encendieron un sillón. Así se observa de escuchas telefónicas (ver www.diariolonuestro.com.ar, ediciones de 1995), realizada entre ex alumnos del Colegio Lasalle. Allí le recomendaban a uno de ellos, cómo actuar y qué decir ante el magistrado.

“Otra habría sido la situación si Carlos Santillán, el primer juez que actuó –dice el padre– hubiera trabajado con seriedad”.

Para muchos de los familiares de Kheyvis, la relación entre el poder municipal y el judicial derivó en que durante todo el proceso judicial no se encontraron culpables. “Fue tan grosera toda la trama, que hasta el propio intendente premió a los inspectores municipales con ascensos”, comenta Bouganem.

El familiar se refiere, entre otros, a Juan Carlos Ferreyra, quien de inspector pasó a secretario de seguridad municipal. El resto de los funcionarios y empleados recibieron como condena la inhabilitación profesional y prisión en suspenso. Por su parte, Osvaldo de Jesús, el propietario que fuera condenado a 5 años de prisión efectiva, apeló la medida. Logró esquivar la celda pero no la inhabilitación comercial. Su socio, Jorge Fajardo, murió aquella noche, mientras intentaba socorrer a los chicos.

De algún modo, el desinterés oficial se expresó cuando se intentó crear una Comisión en el Concejo Deliberante, que siguiera el caso Kheyvis. La iniciativa, inspirada a instancias del fallecido concejal Guillermo Alvarez (P.J.), fue rechazada por el oficialismo que responde al intendente.

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