García, acorralado por la justicia y los reclamos vecinales

Si el panorama judicial que tiene por delante el intendente García no es de lo más alentador, el frente político que se presenta complicado no se queda atrás. De los más de 20 cuerpos que engrosan los expedientes judiciales, se desprende que la administración García incurrió en una serie de delitos vinculados a la malversación de fondos, al fraude sobre la administración municipal y en la adulteración de documentación. Tales imputaciones surgen de las acusaciones realizadas tanto por el fiscal Gonzalo Aquino, UFI Nº1, como la jueza María Cohelo, Transición Nº 10, ambos de San Isidro, al momento de solicitar el juicio penal del intendente y de otros funcionarios. Todas cuestiones que partieron de las denuncias de concejales opositores.
Los ejes acusatorios pasan por la contratación directa -sin licitación- efectuada por la municipalidad durante los 90. Los sobreprecios y el pago por servicios (cursos de capacitación para el personal municipal) que nunca se dieron, han sido la clave acusatoria. Para todo esto, la municipalidad desembolsó más de 3.500.000 de pesos/dólares.
Hoy la causa que se tramita en la UFI de Aquino, está en manos del juez Rafael Sal Lari. La elevación a juicio del jefe comunal, que se encuentra imputado, y de otras 22 personas, en su gran mayoría funcionarios municipales, recaló, hace varios meses, en la Cámara Penal. Allí se espera que se expida sobre un pedido de nulidad y prescripción de la causa. Un trámite que en principio, favorece a los acusados.

Mientras tanto, la jueza Cohelo también aguarda que la Corte provincial y la Cámara Penal de San Isidro, se expidan sobre un pedido de nulidad y prescripción, solicitado por los imputados. La otrora mano derecha y mujer de extrema confianza del intendente Enrique García, Dora Zorrilla, ex secretaria de hacienda, y Aurora Piaggio, han reclamado la prescripción de medidas judiciales. Por su parte, el jefe comunal fue en busca de la Corte: pretende la nulidad del juicio. Si la medida le es adversa, seguramente sus abogados podrán recurrir a la Corte Suprema de la Nación. En definitiva, todas instancias legales que no hacen más que dilatar el proceso.

Paralelamente, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires confirmó que las denuncias realizadas hace más de 5 años eran ciertas: el dinero que debía ir a fines sociales nunca llegó a los beneficiarios. A tal efecto, el organismo público le impuso un cargo (algo así como una multa) al mandamás municipal. La suma, que deberá ser pagada de su patrimonio, asciende a $2.413.991,88 (ampliar información en www.diariolonuestro.com.ar, edición 535).
Pero lo más “jugoso“, alarmante y digno de “Macondo”, salió a la luz cuando Lo Nuestro revelara que la principal imputada, Dora Zorrilla, devolvió la friolera de $1.300.000 (ver nota aparte). Su devolución fue acompañada de un escrito ante el fiscal, en el que asumía las culpas e intentaba desligar al resto de los imputados de los hechos.

Si el oficialismo pareciera controlar y amortiguar la vía judicial, la contracara son los reiterados planteos y movilizaciones vecinales. La construcción de grandes torres de viviendas, la entrega de tierras públicas (costa) a sectores privados, la falta de respuesta a los vecinos de Munro y Carapachay por la persistente contaminación ambiental, y las reiteradas quejas de comerciantes y Pymes, parecen coronar un año complicado para el intendente de Vicente López. Su mayor alivio parte cuando desde la casa de gobierno le tiran bocanadas de oxígeno. Obras públicas para el municipio y acuerdo político con el kirchnerismo, son su mejor resguardo. Algunos dicen que esto último es el precio que paga Enrique García para no terminar como otros intendentes del conurbano: destituidos o presos.

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