Nubarrones judiciales para la administración García

Como lo hace todos los meses, la ex Secretaria de Hacienda, Dora Zorrilla, otrora mano derecha del intendente Enrique García, se presentó el pasado 10 ante el juzgado de transición Nº10 de la doctora María Cohelo. Su presencia en los tribunales sanisidrenses responde a que la ex funcionaria, imputada penalmente, tiene que presentarse todos los meses ante la justicia. La medida se basa en que Zorrilla tiene concedida la eximición de prisión. En estos casos y ante el temor de fuga, la justicia imparte semejante medida. En el caso de que decida viajar a Miami, como ya ha sucedido, para descansar en su coqueto departamento u a otro sitio, deberá solicitar la correspondiente autorización.
Zorrilla, junto al intendente García y otros funcionarios (en total son 22) se encuentran imputados (art. 308 del Código Penal) y con pedido de juicio oral, a partir de una serie de delitos presentados por los magistrados. La doctora Cohelo y en su momento el fiscal Lino Mirabelli, y ahora Gonzalo Aquino, son quienes piden la elevación a juicio. Se los considera sospechosos de cometer hechos vinculados a la corrupción administrativa.
Tal cual anticipáramos en ediciones anteriores, la causa por los cursos de capacitación para el personal municipal, “que nunca se dieron”, que se tramita en la UFI del fiscal Aquino, se encuentra demorada. Esto se debe a que, por un lado, uno de los imputados, Raúl “El Momia” Ontivero, pidió un nuevo defensor oficial. “El Momia” es un ex convicto y de acuerdo con todos los datos que surgen de los expedientes judiciales, actuó como prestanombre (era presidente) de una de las empresas armadas a los efectos de cometer las maniobras delictivas. Para esto, el imputado había cobrado $25.
Por otra parte, la demora se debe a que la Cámara Penal Nº1 aún no resolvió el pedido de nulidades solicitados por los abogados defensores de algunos de los funcionarios imputados. Además, el resto solicitó ante el juez Rafael Sal Lari, una serie de medidas tendientes a invalidar la acción judicial. Cuestión que le fuera denegada. A tal efecto recurrieron a la Cámara. Por lo tanto, la elevación a juicio se encuentra demorada.
En la vereda de enfrente, más precisamente en el juzgado de la jueza Cohelo, la demora es más preocupante. Tal cual consignaran fuentes tribunalicias, se motiva porque los abogados municipales Di Totto y Vardala recurrieron a la Corte provincial. Allí buscan lo que la jueza y la Cámara Penal NºII de San Isidro les negó: la nulidad de las indagatoria de algunos de los imputados. El haber llegado a la Corte demorará el pedido de juicio que pende sobre los involucrados.
Entre los imputados penalmente se encuentran Enrique García, Dora Zorrilla, Roberto Mandolessi, Susana Delgado, Miriam Sánchez, Rita Martínez de Beggs, Francisco Sales, Graciela Gentille y Silvia Piaggio”, entre otros.
Y en tren de recursos, no habrá que perder de vista aquello que viene sucediendo en la causa referida a los cursos de capacitación para el personal municipal, que nunca se dieron, pero que el municipio pagó más de 3.000.000 millones de pesos/dólares.
Una vieja causa que iniciara de oficio el fiscal Manuel Quintana, a partir de las denuncias públicas realizadas a fines de los 90 por los ex concejales Juan Antonio Garro, Claudio del Río, Diego Bonadeo, Javier Varani y Sonia Martín, todos de la oposición. En tanto, Primo Falistocco, Juan José Vigliecca, ambos ex peronistas y Eduardo di Martino (Frepaso), tras las denuncias ingresaron en la senda de la genuflexión: hoy integran el oficialismo que lidera García.
La causa cayó en manos del fiscal Mirabelli, quien en una prolija y minuciosa investigación, que acumula más de 18 cuerpos, demostró lo que en la intimidad algunos de los imputados nos deslizaran: el pago de sobresueldos. Cierto o no, lo real es que los delitos existen y hoy después de varios años, el Tribunal de Cuentas de la provincia corrobora lo que la justicia viene diciendo. A esta realidad se le suma un pedido de juicio político requerido por la Asociación Pro Vicente López, que preside Manuel Quintabani.
Todos estos elementos, sumados a la reciente resolución del Tribunal de Cuentas, le agregan más oscuridad a la administración García. Seguramente si todos los poderes públicos funcionaran con la equidad y responsabilidad del caso, otro sería el panorama.
Los delitos a la vista
De los expedientes judiciales que obran en poder de la jueza María Cohelo y revelados en exclusiva por Lo Nuestro en distintas oportunidades, surge el pago de sobreprecios por servicios de Data Entry: lo que en el mercado se abonaba $3,2 la hora, la administración García pagaba $12. La contratación era directa, sin licitación. Y con empresas armadas al solo efecto de facturar por servicios que nadie lograba ver. Otras de las irregularidades fue el cobro de cheque extendido por la municipalidad de Vicente López: fue cobrado en ventanilla, pero al dorso no se registraba la firma del beneficiario. Un modus operandi muy frecuente cuando se trata de estafar a terceros. Algo imposible si no se cuenta con la complicidad del banco o, en su defecto, con alguien muy importante que interceda.
Por otra parte, una sola empresa, Granara (falsa, inexistente e inhallable) cobró en 1999, 700.000 pesos/dólares de la administración García.
En octubre del 2004, la jueza y su secretario, el puntilloso Diego Herrera, dicen a modo de fundamentar la elevación a indagatoria -el primer peldaño de la acusación para fijar sentencia-, que “hay elementos suficientes e indicios de la posible comisión de los delitos de peculado en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Y agregan: hay materia suficiente para sospechar “prima facie” como coautores de los mismos a Enrique García, Dora Zorrilla, Roberto Mandolessi, Susana Delgado, Miriam Sánchez, Rita Martínez de Beggs, Francisco Sales, Graciela Gentille y Silvia Piaggio”, entre otros.
Las maniobras -de acuerdo con lo que se desprende de los más de 18 cuerpos de expediente que están en el despacho de Andrés Martín Mateo-, “se armó desde adentro de la municipalidad y el dinero era para bancar la campaña del intendente y del Comité del Radicalismo de Vicente López”. Testimonios éstos que surgen de la boca de Claudio Cavour y Manuel Criado, ambos “empresarios prestanombres” que se encuentran imputados. Empresas falsas y armadas
–Organización Vocacional, Servicios Integrales, Nordway, CIDAN, Grana-ra– al solo efecto de facturar por servicios de cursos de capacitación –“que nunca se dieron”– para el personal municipal, empresarios indigentes –Ricardo Jiménez, por caso–, direcciones falsas, facturas truchas y el pago de sobreprecios son datos judiciales en los que se basa la acusación a la hora de elevar la causa a juicio. “Los imputados perjudicaron el patrimonio municipal con el fin de procurar para sí y para terceros un lucro indebido”.

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