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[Edición #535 | 20.11.2006]
Región Metropolitana Norte | "Lo que no quiere la gente es el progreso"

Lo peor de Belgrano en la Zona Norte

Sin que nada lo justifique, los municipios avanzan desmedidamente con edificios de gran altura. La falta de redes cloacales, de agua potable, sumado a las pocas cocheras y sin estudios ambientales, repercutirá de manera negativa sobre la comunidad local.

Lo que no quiere la gente es el progreso, es la frase más trillada que suelen decir los funcionarios que levantan la bandera de construir edificios de gran altura, a la hora de justificar las torres. En diversas oportunidades, dicha argumentación surgió de la boca del intendente García y de muchos de sus concejales. Pero esta postura no es patrimonio exclusivo del pope de Vicente López. En esta saga se inscribe el resto de los intendentes.
En los últimos 20 años, el crecimiento desmedido y sin planificación sobre toda la Región fue notorio. El rubro construcción es uno de los que más elevado índice de desarrollo ha mostrado en todo el país. De acuerdo con datos oficiales, el sector creció en los últimos tiempos poco más del 57%. Un despliegue que moviliza a vastos sectores de la economía. “Es un generador de empleos por excelencia“, se le escuchó decir al ministro de trabajo Carlos Tomada.
El potencial comercial y el fuerte poder adquisitivo que presenta la Región Norte, la convierte en un plato fuerte de los inversores. Y no sólo en el ámbito de barrios cerrados. Las inversiones se trasladan a los edificios de gran altura. “Sucede que la ecuación inversión-venta, que ofrecen ciertos barrios residenciales, no se logra en otros puntos de Buenos Aires”, comentaba ante Lo Nuestro el arquitecto Ricardo Segura. Hoy, un piso con una superficie que ronda los 300 mts2 sobre Libertador, en el bajo de Olivos, con vista al Río de la Plata, puede orillar los 700.000 dólares. Y lo propio sucede con barrios como Nordelta en el Tigre.
El inversor, como es natural, busca forzar al máximo los altos réditos comerciales. Su prioridad, en líneas generales, no es la cuestión social. No hay estudios serios y responsables de impacto ambiental. Si el vecino se ve invadido por grandes torres, si ya no puede estacionar con la tranquilidad del caso, si su casa es cubierta por la sombra y las miradas que yerguen de las torres, poco y nada pareciera importarles. La mayoría de estos edificios se erigen en zonas hasta ayer prohibidas, en barrios residenciales, no de lujo. En barrios donde las cloacas empiezan a colapsar, como sucede en muchos puntos de Olivos.
La gran cantidad de agua potable que consumen estas torres –que tienen poderosas bombas centrífugas– deja con escasos recursos al resto del vecindario. Por otra parte, la densidad poblacional se resiente seriamente, agregando un peldaño más a la degradación de la calidad de vida. Demás está decir que se observa una fuerte desvalorización de las casas. El Estado municipal, que debiera estar presente y regulando esta actividad, pareciera más preocupado en aumentar la cantidad de contribuyentes. Un dato preocupante es el que surge de informes oficiales que dan cuenta de que el 30% del agua potable que circula por los ductos, se pierde en el camino.
“Lo que pasa es que las empresas de servicios no siempre hacen las inversiones del caso y esto, después se hace sentir en los servicios domiciliarios”, explicaba José Morabito, titular de la empresa inmobiliaria y constructora Promor de San Isidro.
A su turno, el concejal Juan Estanciero del Frente para la Victoria de San Fernando, un sitio donde el crecimiento desmedido también es notorio, asegura que “planificar una ciudad no es mirar sólo en inversiones, las cuestiones sociales, culturales y ambientales deben tutelar un plan maestro con miras hacia el futuro”. En este distrito se observa que la prioridad de dar paso al cemento, dejó de algún modo sepultada la discusión por una comunidad plenamente organizada.
Una postura similar a la de Estanciero tiene Blanca Díaz, del bloque del ARI de Vicente López. “Nuestra campaña electoral tenía muy claramente marcado el rechazo al avance desmedido de torres”, señala la concejal para agregar que “García y sus concejales nos impusieron una ordenanza que implicará la construcción de grandes torres sobre todo Libertador y la costa”. Como producto de esta nueva norma, se facilitó que en sitios hasta ayer prohibido construir, ahora se puedan levantar grandes moles de cemento. En Libertador se podrán ver 18 pisos, 45 mts. Lo propio pasa en las inmediaciones de Avda. Maipú. “Vicente López está copiando lo peor de Belgrano”, razonaba Pablo Román del Grupo Coincidencias. A la luz de los hechos, la administración García pareciera responder más a los intereses de los inversores que a los de la comunidad. La falta de planificación urbana es grosera.
Un panorama similar se padece en Tigre y San Isidro.
En los pagos de Ubieto, primero dio el crecimiento abrupto de los denominados barrios cerrados. Y desde hace unos años a esta parte, se amplió al tema a edificios de 18 y 20 pisos, en pleno corazón céntrico. Un dato interesante de consignar es que los barrios cerrados, en su gran mayoría no fueron declarados en el municipio. De acuerdo con lo aportado por Rentas de la Provincia, en boca de su titular, Santiago Montoya, Tigre registraba el índice más alto de evasión en este segmento. Demás está decir que si no se tributa, las arcas públicas difícilmente logren realizar obras de infraestructura como las que se necesitarían para dar paso a las torres. En estos pagos, el 60 % de la población no tiene red cloacal, una cifra similar reclama por agua potable. La falta de planificación urbana se observa cuando se permite que miles de personas se apiñen en zonas con altos riesgos ambientales. Ya no sólo por la falta de agua o red cloacal se degrada la calidad de vida: el río Reconquista produce el 30% de la contaminación del Río de la Plata. Datos éstos, aportados por la Asamblea Por Tigre. En carpeta está levantar, con dinero de la nación y a cargo de Aysa, una planta potabilizadora en las inmediaciones de Rincón de Milberg. El tema es que la planta atenderá en un 60%, la demanda de los vecinos del residencial barrio Nordelta.
“Ver grandes torres que avanzan desmedida e innecesariamente en medio de tanto verde, no hace más que “condenarnos a cambiar nuestro estilo de vida”, comentaba en su momento, el ex concejal Jorge Villaruel. Las pretensiones edilicias de la administración Ubieto no son nuevas y mucho menos pequeñas. En los 90 se enfrentó con Melchor Posse por las incipientes islas aluvionales que se están formando frente a la costa de San Isidro. Ubieto las reclamaba como propias, Posse también. La pulseada la ganó el sanisidrense. Detrás subyace la posibilidad de avanzar con barrios cerrados y por consiguiente ampliar la cantidad de contribuyentes. Una vez más el eje se centraba en cuestiones inmobiliarias.
En el “San Isidro distinto”, la realidad no difiere de lo que sucede en otros puntos de la Región Norte. Al mayúsculo avance que se practicó sobre el casco céntrico de Martínez en décadas pasadas, ahora se produce lo propio en Beccar. La calidad constructiva es, sin lugar a dudas, relevante si se las compara con otros emprendimientos zonales.
Martínez, por dar paso a las torres, dejó de lado a casas de claro cuño residencial. Y lo propio pareciera suceder en Beccar. Si bien el casco histórico es cuidado con cierta responsabilidad, no sucede lo mismo, por ejemplo, con el viejo edificio del hospital municipal. Emplazado en J. J. Díaz y C. Beccar, la antigua estructura fue vendida al sector privado. La resistencia vecinal, nucleada en la Asamblea Beccar, frenó la intentona.
En la carpeta del oficialismo aguardan grandes emprendimientos edilicios. En Beccar (Tomkinson y Centenario, ex OSN) se levantaría un gran Centro Comercial, Jumbo, y edificios de 12 pisos. Algo similar se realizaría en Boulogne. En esta localidad hay un ambicioso plan en marcha: el túnel en Rolón, nuevo edificio de la AFIP, remodelación de centro comercial, apertura de calles, construcción de viviendas para sectores carenciados y la mejora de otras y facilitar la construcción de edificios. “Todo muy interesante, pero me parece que lo lógico era que nos consultaran, que los vecinos diéramos nuestra opinión y pensáramos entre todos un nuevo Boulogne”, manifiesta el ex concejal y actual funcionario provincial, Hugo Aserrat. El lugar, cabe recordar, era reclamado para que allí se levantara un campo deportivo.

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Torres y coimas
En España el boom de la construcción durante los 90 levantó una polvareda entre el Partido Socialista (PSO) y el partido Popular (PP). Todo terminó en la justicia. Las denuncias aseguraban que los cambios de Código respondían a las necesidades de las constructoras. A cambio, el poder de turno recibía coimas.
Paradójicamente, en Vicente López se reglamentaba un nuevo Código sancionado en una escandalosa sesión de un 24 de diciembre de 2004. Tal vez, la única coincidencia que tiene García con la corrupción de la península Ibérica, es su ascendencia española.