Cuando el poder otorga impunidad

Con un pedido de juicio oral a la espera de fijar fecha, el mandamás municipal viene zafando de una sentencia judicial. No así del castigo electoral.

Si el poder, tal cual lo describía el extinto Alfredo Yabrán, es tener impunidad, no son pocos los intendentes que abrevan del extraño y, por cierto, cuestionable principio. En la provincia hay varios intendentes que transitan por este andarivel: penden sobre ellos sendos pedidos de juicio oral por cometer hechos delictivos. La zona norte no se queda atrás. Sin lugar a dudas, el más claro ejemplo de administración poco transparente, es el del intendente Enrique García.
Con un pedido de juicio oral a la espera de fijar fecha, el mandamás municipal viene zafando de una sentencia judicial. No así del castigo electoral. No por casualidad desde el año 99 viene perdiendo votos en cada una de las elecciones en las que se presenta. Sin embargo, lo que debiera ser una ética y clara respuesta por parte del Concejo Deliberante –suspender al jefe comunal hasta tanto se aclare su compleja situación y la de varios funcionarios– la mayoría automática la convirtió en algo que se podría emparentar con un silencio cómplice.
Decenas de pedidos de informes surgidos desde la oposición (Juan Vigliecca, Sonia Martín, Diego Bonadeo, Juan Romero, Primo Falistocco, por citar tan sólo algunos), reclamando información sobre las acusaciones que pesaban y pesan sobre el intendente y varios de sus colaboradores, quedaron cajoneadas. El contundente peso que ejerce el intendente sobre sus correligionarios del Concejo Deliberante, impidió e impide investigar sobre lo que la justicia asevera, son delitos graves. García, al igual que los concejales oficialistas, dicen que es la justicia la que debe expedirse sobre el tema: no está en nosotros tomar decisiones. Un recurso muy utilizado por menemistas y tantos otros más, acusados de corrupción.
Con una justicia paquidérmica y muchas veces condescendiente con el poder político de turno, difícilmente se logre determinar toda la verdad sobre estos hechos hoy denunciados en los tribunales. Paradójicamente, el director de Lo Nuestro, Miguel Armaleo, fue condenado a un año de prisión por denunciar las irregularidades administrativas que se cometieron en Vicente López. A diferencia de lo que sucede con el poder político, la sentencia llegó en menos de tres meses. El proceso judicial que tiene en la mira a la administración García lleva más de 7 años de idas y vueltas (ver informe exclusivo en www.diariolonuestro.com.ar). ¿No será que la máxima yabranesca se cumple al pie de la letra?.
La provincia tiene varios casos y de diverso color político como éste, lo que no significa un alivio. Muy por el contrario. Los más emblemáticos tal vez sean los del peronista Jesús Cariglino, en Malvinas Argentinas y el del Croppi en Alte. Brown.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas, quien debiera auditar todas las cuentas municipales, pareciera ser apéndice de los poderes municipales. Sus miembros, inamovibles, no parecen dispuestos a ser afectos a la hora de buscar la eficiencia. No es ninguna novedad que los pedidos de la justicia pueden esperar largo tiempo para ser contestados.
El poder de algunos de los intendentes es inimaginable. Muchos de ellos han sido acusados de nombrar jueces, fiscales y policías; de estar ligados con el juego clandestino, con la prostitución, con los desarmaderos, de incentivar a la prensa, de beneficiar a grandes empresas constructoras y otras yerbas más. Seguramente otra sería la situación -en torno a la corrupción que subyace en muchos municipios- si las mayorías en los Concejos Deliberantes se jugaran a ser verdaderamente un órgano independiente y lo suficientemente serio y responsable. Tal vez la política sería un poco más creíble.

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