Ingenuidad judicial y lentitud política

Si algo queda en claro detrás del denominado caso Jorge Julio López, es que su desaparición está más cercana a un secuestro, previamente planificado, que a una ausencia derivada de cuestiones psicológicas. López, un militante peronista de los años 70, cabe recordar, fue secuestrado y torturado por la policía de Ramón Camps. En carne propia sufrió los vejámenes que dirigía el entonces comisario Miguel Etchecolaz.

Los contundentes y precisos datos aportados por Jorge López en el juicio contra Etchecolaz, no hicieron más que poner al descubierto una fuerte realidad: la actitud genocida de “todo” el proceso militar. Una saga característica de aquellos que empuñaron las armas, donde la participación de algunos civiles, que aún hoy se vanaglorian de aquel proceso, jugaron un rol destacado. Uniformados y civiles –por caso el actual intendente Ricardo Ubieto que fue intendente en plena dictadura– no hicieron más que avalar un proceso militar que utilizando la violencia, condenó a la inmensa mayoría de los argentinos, a vivir en el terror y el sometimiento económico.
Hoy con un marco político más ajustado al respeto irrestricto de los Derechos Humanos y, a no dejar las cosas ahí, los magistrados judiciales parecieran buscar justicia, sobre esta etapa negra del país. Un desafío nada sencillo, si tiene en cuenta que aquellos que brebaron del proceso militar, ahora de manera solapada y abierta, se resisten a someterse a la justicia. Tal vez no era necesario esperar el juicio contra el represor Etchecolaz, para saber que estos sectores echarían mano a cuanto recurso legar e ilegal tuvieran a su alcance.

La enseñanza, si vale el término, que deja el caso López, es que el poder judicial no puede dejarse sorprender con situaciones como éstas. Del otro lado del banquillo, hay verdaderas presas de cazas. Por lo tanto, no se puede ser ingenuo a la hora de preservar a los testigos. Está en manos fiscales y jueces (pidiendo la custodia del caso) garantizar la vida de todos los testigos. Evidentemente ellos, al igual que el poder político fueron sorprendidos en su buena fe, fueron muy ingenuos y en algún punto, incapaces.
La otra enseñanza, es la que proviene del poder político. La desaparición de Jorge Julio López, los dejó sin reacción. Si de algo no tenían de que dudar era el de convocar a todo el arco político, a las organización de Derechos Humanos y demás estructuras intermedias, a una gran marcha. Algo así como suele suceder en España, cuando la violencia sacude a todo el pueblo.

El poder político (todo) no tuvo capacidad, mostró lentitud. Fueron las organizaciones de Derechos Humanos quienes llamaron a la plaza de Mayo.
Si los sectores que añoran el proceso están al acecho, la respuesta debe seguir siendo verdad y justicia. Aún, en las perores circunstancias. Y si es necesario, habrá que tener un pueblo permanentemente movilizado.

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