[Edición #521 | 06.05.2006]
Vicente López | Corrupción en Vicente López: el fiscal pidió la elevación a juicio
La hora del juicio
Tras más de 6 años de investigación judicial, y con decenas de pruebas acumuladas, el fiscal envía a juicio oral a 22 imputados de la administración García. Cursos de capacitación que “nunca se dieron” y los sobreprecios son las principales acusaciones. Por estos “servicios” el municipio pagó más de 3 millones de dólares durante los 90.
A poco más de 6 años de una prolija investigación judicial llevada a cabo por el fiscal Lino Mirabelli, UFI Nº1 -quien fuera desplazado-, con más de 18 cuerpos de expedientes escritos, cientos de evidencias y pruebas acumuladas, testimonios y declaraciones asumiendo la responsabilidad en la estafa y al límite de que vencieran los plazos procesales, el actual fiscal de la causa, Andrés Mateo, UFI Nº5, decidió pedir el juicio penal de 22 ex y actuales funcionarios de la administración García.
Una causa en la que el propio intendente de Vicente López, Enrique “Japonés” García, está involucrado en carácter de imputado. Un dato preocupante, ya que se trata de la transparencia y de la salud de las instituciones públicas, y más aún cuando el dinero de la población está en juego.
El fiscal Andrés Mateo -quien acaba de dejar el cargo para asumir como juez- junto a su adjunto Gonzalo Aquino, escribió 200 fojas, donde detalla los fundamentos de la elevación a juicio oral. Dicha presentación -causa 10305, IPP 1316-, fue realizada el pasado 24 de abril, ante el juzgado de garantías Nº 3, a cargo de Rafael Sal Lari, el mismo que lleva la investigación -para muchos con suma seriedad- del robo al Banco Río. Será el juez quien, en última instancia, evalúe si todas las acusaciones que recaen sobre los 22 imputados tienen valor judicial. El juez podrá procesar a la mayoría de los imputados, desestimar dichas acusaciones, o en su defecto cerrar la trama del delito con un par de imputados. Claro que la defensa no se quedará atrás. La presentación de sobreseimiento y otras recusaciones o recursos legales ya están siendo estudiadas por la defensa. Por lo pronto, los caros abogados de los funcionarios (Néstor Cafetzoglus y Jorge Ferrari), que nadie logra descifrar de dónde salen los honorarios que ellos cobran, tienen presentados recursos de sobreseimiento.
La malversación de fondos, el fraude en perjuicio de la administración pública, y la adulteración de documentos públicos son, cabe recordar, algunas de las acusaciones que están dando vuelta sobre los expedientes. Todas estas acusaciones se motivaron a partir de la contratación directa, por parte de la administración García, de cursos de capacitación para el personal municipal. Cursos que, tal cual se desprende de los expedientes, “fueron contratados a sabiendas que nunca se darían” y “con el único fin de producir un daño a las arcas municipales” (ver más detalles en nota aparte).
Si bien Dora Zorrilla, ex secretaria de hacienda y otrora mano derecha de García, sería la principal imputada, entre la lista de los 22 seleccionados para ir a juicio se encuentran, tal cual lo confiado por fuentes tribunalicias: Osvaldo “Azucarero” Simiele, Adriana Piaggio, Guillermo León, Francisco Sales, Armando Izzi, Susana Oriolo, Miguel Villarino, Miriam Sánchez, Rita Martínez de Beggs y Carlos Granillo. Junto a ellos se sitúan “falsos empresarios”, que también deberán sentarse frente al juez a contar la verdad, o su verdad.
Paralelamente a este proceso, la jueza Mónica Cohelo tiene en su poder la causa 10/50618, donde una vez más, funcionarios municipales están involucrados. Acá se da el caso de groseros sobreprecios (ver nota aparte) a raíz del pago de servicios de Data Entry. Por estas horas, la jueza está recibiendo una resolución de la Cámara Penal Nº II de San Isidro, que preside Luis Cayuela, ex defensor y amigo de Dora Zorrilla. La Cámara, con la excusación de Cayuela, dio visto bueno a los pedidos de la defensa de Zorrilla y Piaggio. A ambas le habían impuesto cauciones, por temor a una fuga. Para el caso de Zorrilla, se le impusieron $500.000. Ahora se la redujeron a $150.000, pero persiste la imposibilidad de salir del país.
De no existir más recursos de la defensa, la causa podría ser elevada a juicio en poco tiempo más. Los montos que se pagaron por todas estas operaciones rondan los 4 millones de pesos/dólares. Una cifra que “era para bancar el aparato político (del oficialismo) y los sobresueldos de los funcionarios”, tal cual lo dicho en su momento por una fuente también imputada
–que hoy ya no está– y que pidió la reserva del caso.
De este modo, el intendente Enrique García podría enfrentarse a una dura realidad judicial, que sabe como comienza pero no cómo termina. En la intimidad del poder municipal están confiados en sus buenos contactos con el poder judicial, en la aceitada relación con el oficialismo a través de la diputada Diana Conti (socia política del intendente) y sobre todo, que las acusaciones se reduzcan a un par de personas. Y particularmente que la cuestión no trascienda de la tapa de Lo Nuestro a la de los diarios nacionales. Con todos estos elementos puestos en escena, el oficialismo municipal intentará pasar por el cadalso con el menor costo posible, no escatimando recursos y cuanto artilugio judicial tengan a su alcance.
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Funcionaria devolvío $1.230.000
Sin lugar a dudas, lo más sustancioso en los últimos tiempos ha sido el escrito presentado por Dora Zorrilla ante el fiscal Andrés Mateo. Esto sucedió el 30 de septiembre de 2005. Allí la ex funcionaria dijo que “...es un deber de conciencia presentarme por este medio ante el señor juez para manifestar que ni el intendente ni los demás funcionarios tienen claro conocimiento de los cursos que dieron origen a esta investigación”.
“Mas allá de la total ausencia de dolo en las conductas reprochables en estas actuaciones, no me cabe duda de la responsabilidad que me cabe desde la función”, amplía la ex funcionaria municipal. “Es mi deseo reparar en la medida de lo posible, el perjuicio sufrido por la comuna y como ya dije es un deber de conciencia”, finaliza la imputada. A modo de compensación, Dora Zorrilla depositó en el Banco Provincia, sucursal Recoleta, la friolera de $1.200.600, en la cuenta Nº25870-8, perteneciente a la municipalidad de Vicente López. Y en otra boleta deposita $30.354.
La millonaria suma habría surgido a partir de las objeciones que el Tribunal de Cuentas realizara sobre las cuentas municipales y en particular sobre los puntos que hoy investiga la justicia. Es difícil imaginar que Zorrilla haya cometido meros errores administrativos, durante tantos años y con múltiples denuncias de la oposición, sin contar con el consentimiento de otras estructuras del poder municipal.
LA TRAMA SECRETA DEL DELITO
Fueron decenas los supuestos cursos que la administración del intendente Enrique García contrató en forma directa. Entre éstos se encuentra uno bajo el título: “Cómo lograr negociaciones efectivas”, a cargo de la empresa Nordway s.a, cuyo presidente, Ariel “El Momia” Ontivero, un ex convicto, recibió 25 pesos por el cargo. Para esto confeccionaron la factura Nº0112 con fecha del 14 de octubre del 99, por un monto de $17.111,54. El municipio pagó el 11 de octubre con un cheque del Bco. Pcia de Bs. As (Nº6303) que fue cobrado por Adriana Zárate. El 6 de diciembre del 99, la empresa Nordway le factura (Nº0134) al municipio el curso de “Cómo estructurar programas de remuneración variables” por un monto de $17.942.11, habiendo cobrado la suma el 7 del mismo mes. Por su parte, la empresa CIDAN de Raúl Manuel Criado, también hizo lo propio con otros cursos.
Y así siguen las empresas y los mentados cursos que nadie logró ver. También surge en el tapete la contratación directa de servicios de Data Entry (carga de datos en computadoras), por los cuales la administración municipal pagó sobreprecios.
Los montos en danza superan los 3 millones de pesos-dólares, pagados en los ‘90. Lo que en el mercado se abonaba $3,2 la hora, la administración García abonaba a las empresas (muchas fantasmas) $12. Los mismos peritos judiciales que arribaron a esta conclusión, aseguraron, en otra parte de su informe, que “para realizar semejantes trabajos, la municipalidad debía disponer de computadoras que no tiene y una cantidad de personal que tampoco tiene (ampliar datos en www.diariolonuestro.com.ar).
Las “prestadoras”, en su gran mayoría nunca fueron halladas por nuestros cronistas y por la justicia. Granara. s.a, por mencionar tan sólo a una, era tan falsa que la dirección que aparecía en la factura no era otra cosa que un bar. Allí nunca había funcionado tal empresa. Sin embargo, la administración García en un año le pagó más de 700.000 pesos/dólares por servicios que nadie vio.
Otra prestadora, CIDAN, fue inhabilitada hasta el 2005; Esycom hasta el 2004 y Silver Trade hasta el 2005, todas por el Banco Central. Otro dato que a nadie le llamó la atención en el municipio, fue que el apoderado de todas estas empresas era Reinaldo Castro. Tampoco llamaron la atención en la administración García, las denuncias que partían casi en forma exclusiva desde Lo Nuestro y desde la oposición del Concejo Deliberante (a cargo de los concejales Javier Varani, Sonia Martín, Diego Bonadeo, entre otros), ante el silencio del oficialismo. Por entonces, el presidente del Concejo Deliberante era Ricardo Ortíz (UCR).
“Cuando le traen a firmar un papel así, de la Secretaría de Hacienda, uno no se detiene a controlar a un superior”, afirmó Angel Vanoni al momento de sentarse ante la justicia en carácter de imputado. “Pedir explicaciones sería como meterse en camisa de once varas”, conluía.
DIANA CONTI CANDIDATA?
Con inicios políticos en el PI, luego en el Frepaso, a posteriori en la Alianza-UCR y actualmente en el kirchnerismo, la diputada nacional Diana Conti (que en su momento votó a favor de Barrionuevo), fuerte socia política del imputado intendente García, estaría deshojando la margarita con miras al 2007. Su intención sería ser la continuidad del intendente y para ésto está “rosqueando” con el poder central.
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