Nueva denuncia penal contra el intendente García

Una ordenanza determinaba que los empresarios realizarían una inversión millonaria a cambio de una extraordinaria excepción otorgada por la actual gestión municipal. Nada de esto sucedió. Ahora, el gobierno nacional se hizo cargo de las obras. Abuso de autoridad y fraude en perjuicio del Estado son algunas de las imputaciones que les realizan.

Una nueva denuncia penal acaba de recaer sobre la figura del intendente de Vicente López, Enrique García, a quien se lo acusa de los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, violación de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio del Estado Nacional. La acusación fue realizada por la Asociación Civil Pro Vicente López, por intermedio de Miguel Quintabani y Santiago Jelenic, presidente y secretario respectivamente.

La denuncia fue presentada la semana pasada ante la Justicia Federal en lo Criminal y, además del jefe comunal, los denunciantes involucran a otros funcionarios municipales y concejales, por actos en que habrían incurrido como autores o partícipes necesario.La denuncia, que podrá ser rechazada o no por la justicia, se basa en el “Convenio celebrado con la Dirección Nacional de Vialidad sobre la financiación de la repavimentación de la Avda. del Libertador y la construcción del denominado «Distribuidor Centenario».

Dicha obra, tal cual denunciáramos en su momento desde Lo Nuestro, debía ser realizada y financiada por cuenta del empresario Carlos De Narváez y la empresa Carrefour: todo a cambio de la extraordinaria excepción que le diera el intendente. Gracias a la excepción municipal -votada luego de una escandalosa sesión del Concejo Deliberante y sin respetar a las mayorías vecinales-, los empresarios podrán levantar un mega-emprendimiento comercial sobre tierras costeras y públicas. Sin embargo, negando o minimizando lo que la ordenanza expresaba muy claramente, el jefe comunal obtuvo que el gobierno nacional le financiara una obra que debía realizar el sector privado. Un beneficio que les ahorra a los empresarios la friolera de 115 millones de pesos. Es decir, que lo que antes debían pagar ellos, ahora lo paga la población en su conjunto. Por tal motivo y convencidos de que la administración García violó el espíritu de la ordenanza, Pro Vicente López avanzó con la denuncia. “El privilegio otorgado al grupo empresario tiene real vigencia mediante la promulgación de una ordenanza de excepción aprobada en la bochornosa sesión de la madrugada del 24 de diciembre de 2004, que estableció contraprestaciones y obliga al desarrollador a hacerse cargo de la construcción de un Distribuidor Vial sobre Av. del Libertador y el fresado y repavimentación de la Avenida en toda su extensión dentro del Partido de Vicente López”, detalló el dirigente peronista Miguel Quintabani.

El distribuidor fue creado y diseñado fundamentalmente para facilitar el acceso y egreso del lugar, sobre una zona que hoy de por sí es conflictiva y promete serlo más aún cuando se levante el complejo comercial. ”Antes del inicio de las obras por parte de los desarrolladores, sin derogar ni modificar la ordenanza, el Intendente Municipal y sus funcionarios propusieron y convinieron con las autoridades nacionales solventar con fondos de partidas del presupuesto de la Nación el costo de las dos obras viales comprometidas, que están presupuestadas en $11.500.000 y $5.700.000, respectivamente”, dice el comunicado de prensa suministrado por Pro Vicente López.

”Es obvio que el monto de los certificados de obra que pagará Vialidad Nacional implica un uso indebido de fondos federales y un enriquecimiento patrimonial sin causa de los desarrolladores. Los antecedentes sobre la obligación asumida por Carlos De Narváez y Carrefour S.A. fueron ocultados a los funcionarios nacionales”, amplia la organización vecinal.En el escrito firmado por Quintabani, integrante del Frente para la Victoria, y Jelenic –un prestigioso dirigente social del Vecinalismo-ARI–, se ha requerido que el Director Nacional de Vialidad, el titular de la Oficina de Anticorrupción y el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas sean convocados para que se constituyan como parte querellante, ya que por la maniobra, “los trabajos en curso de ejecución comprometen ilegítimamente fondos de cuentas nacionales que podrían ser aplicados a obras públicas postergadas”. De prosperar la denuncia ante los tribunales, Enrique García pasará a engrosar las imputaciones que recaen sobre su gestión.

No habrá que perder de vista que el intendente y varios funcionarios de su gestión se encuentran imputados penalmente por la justicia de San Isidro. En ese ámbito judicial se tiene la convicción de que se cometió una serie de delitos que perjudicaron al municipio en millones de pesos-dólares. Se calcula que la estafa podría orillar los $4.000.000. Tan comprometidos están los imputados que la otrora mano derecha y mujer de extrema confianza del jefe comunal, la ex secretaria de hacienda, Dora Zorrilla, asumiendo las acusaciones y haciéndose responsable de los hechos, devolvió al municipio la friolera de $1.236.000.

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