Administración García: cerca del juicio oral, lejos de la justicia

La justicia basa sus acusaciones en la malversación de fondos, el fraude en perjuicio del municipio y el la adulteración de documentos. Contrataron a empresa falsas y presentaron facturas adulteradas. El fraude alcanzaría los 4 millones de peso/dólares. La fiscalía espera que el juez se expida, y así poder avanzar sobre el juicio. Por otro carril, la Cámara Penal Nº2 estaría por rechazar un pedido de la defensa.

Muy a pesar de las intenciones evidenciadas por el fiscal Andrés Mateo, UFI Nº5, y la jueza penal María Coleo, de llevar a juicio a muchos ex y actuales colaboradores del intendente García, la realidad pareciera jugar a favor de los imputados. Y ellos, hacen todo lo posible para que la lentitud se luzca.Por estas horas, el fiscal Mateo todavía aguarda que el juez de garantía, Rafael Sal Lari, el mismo que lleva la causa del Banco Río, se expida sobre un pedido de la defensa de los imputados. La intención de los letrados no sería otra que demorar todo lo posible cualquier atisbo de juicio oral. Sentarse ante el magistrado resultaría un trámite que a la luz de la investigación y los datos aportados por ésta, dejaría muy mal parada a la administración García. Un trago amargo que el jefe comunal no está dispuesto a degustar.El riesgo a una condena efectiva, motivada por los delitos que se les imputan, mantiene en vilo a muchos de los popes radicales de Vicente López. La requisitoria a juicio fue objetada por la defensa, entre otras, de Dora Zorrilla, ex secretaria de hacienda y hasta el fin de su gestión, mano derecha y mujer de extrema confianza del intendente. El fiscal Andrés Mateo, aseguran fuentes judiciales, se encuentra limitado en su intención de avanzar sobre el juicio oral. Otros opinan que bien podría pedir la requisitoria. La causa, cabe recordar, lleva más de 6 años de investigación judicial y de allí surge una serie de delitos claramente perjudiciales para el estado municipal. La contratación directa de cursos de capacitación para el personal municipal que “nunca se dieron” y “el pago de sobreprecios” por servicios de Data Entry, son parte de las acusaciones. La malversación de fondos y el fraude a la administración pública serían los principales puntos acusatorios. Los montos pagados -con empresas inexistentes y facturas truchas- por la administración García, rondarían los 4 millones de pesos/dólares. Esto sucedía hacia finales del 90.Frente a tanta contundencia, los involucrados no se cansaron de echar mano a cuanto recurso legal estuviera a su alcance.Otro dato a tener en cuenta es que Mateo, en poco tiempo más, dejaría la fiscalía para hacerse cargo de un juzgado correccional. Mientras tanto, y desde hace más de tres meses, la UFI Nº 5 espera que Rafael Sal Lari determine si hace lugar a los pedidos de la defensa. Por otro carril, la oficina pericial de San Isidro debe determinar si los montos devueltos por la ex funcionaria Dora Zorrilla -ver aparte “Ex funcionaria devuelve...”- son correctos. Al decir por las fuentes judiciales, esto podría llevar largo tiempo de análisis. De este modo, la lentitud y fatiga judicial (muchas veces inducida de exprofeso por los abogados), podrían ayudar a quienes son imputados como delincuentes. Pero será el juez, quien determine si las acusaciones de los fiscales tienen sustento jurídico. Que la administración García haya pagado a empresas falsas e inexistentes, por cursos de capacitación “que nunca se dieron”, o que los supuestos empresarios sean ex presos o indigentes, o que se le haya causado “perjuicio a la comuna”, presentando facturas adulteradas, parecieran ser pequeñeces para los máximos exponentes del poder municipal. Minimizar las acusaciones pareciera ser la consigna. Seguramente no es ninguna casualidad que el intendente Enrique “Japonés” García nunca haya sumariado a ningún funcionario imputado. Además del intendente, la justicia tiene en la mira al secretario de Salud Guillermo León, al asesor municipal Osvaldo “Azucarero” Simiele, a los ex funcionarios Armando Izzi, Carlos Granillo, Miriam Sánchez, Susana Oriolo, Adriana Piaggio, Juan Carlos Ferrazuolo, Miguel Villarino, Rita Martínez de Beggs, Francisco Sales y Roberto Mandolessi, entre otros. Pedidos de embargos y caución –por cifras siderales– fueron trabados sobre muchos de los imputados. Paralelamente, la jueza María Cohelo también espera que la Cámara Penal NºII de San Isidro, a cargo de Luis Cayuela, ex defensor y amigo de Dora Zorrilla, se expida sobre una solicitud de la defensa de la ex secretaria de hacienda y de Adriana Piaggio, que objetaron el monto de la caución que les impusiera la magistrada. El temor a que la ex funcionaria se fugue, llevó a la jueza a fijar en $500.000 la caución. De acuerdo con fuentes inobjetables, en pocos días más la Cámara Penal NºII rechazaría el pedido de la defensa de Piaggio y Zorrilla. La misma fuente aseguró que uno de los abogados defensores de García se acercó -como quien tiene los datos de antemano- muy preocupado por las oficinas de la jueza, en busca de datos. No son novedad las presiones políticas y judiciales y las amenazas de muerte de las que fueran objeto algunos magistrados. De confirmarse el fallo de la Cámara, la defensa podría recurrir a la Corte provincial, pero esto no impediría que Cohelo avance en la saga del juicio. Más de 10 imputados –ex y actuales funcionarios– podrían sentarse ante la magistrada a dar testimonio. Y no se descarta que el propio Enrique García (hay firmas de él que lo comprometerían) deba concurrir a la indagatoria. Cohelo tiene comprobado –a partir de informes de peritos judiciales– y sobre esto basa la acusación, que la administración García contrató en forma directa a empresas pagándoles un considerable sobreprecio por el servicio de Data Entry: lo que en el mercado costaba $3,2, el municipio abonó $12. Además, los peritos confirmaron que dicho servicio nunca se podrían haber prestado, ya que el municipio no tiene la estructura técnica que el caso merecía.Si la justicia lenta no es justicia, mucho menos lo es si está influenciada por el poder político de turno, o bien cuando quien debiera dar la cara con absoluta transparencia echa mano a cuanto recurso legal tiene a su alcance, al solo efecto de frenar, cuando no entorpecer, la investigación. Otra seguramente hubiera sido la historia, si desde el primer momento todo el aparato del oficialismo se encolumnaba a una rápida y efectiva investigación judicial.

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