El fiscal de Estado impugna acuerdo costero y frena perjudicial impacto ambiental

A último momento la justicia objetó el acuerdo. Se prioriza el sector privado sobre el interés comunitario de tener un espacio público a la vera del río. El aval de la mayoría de los concejales –algunos votaron por obediencia debida– da vía libre a las pretensiones de edificar sobre tierra hasta ayer prohibidas.

Como si fuera la contracara del Rey Midas, Enrique García todo lo que recibe como solución del gobierno nacional o provincial, lo termina convirtiendo en un problema. Tiempo atrás fue la construcción del megaplan de viviendas para los sectores más humildes del distrito (ver Lo Nuestro edición mayo 2005). Los vecinos aún aguardan el techo. Luego, el gobierno nacional, a pedido del intendente le suministró 35 millones de pesos para repavimentar la Avda. Maipú, lo que despertó el amplio rechazo vecinal. Y ahora, que la provincia le pone la solución costera a sus pies, el mandamás municipal transforma nuevamente la cuestión en una gran controversia. Una realidad que por estas horas se ve agravada, ya que el fiscal de Buenos Aires, Ricardo Szeragowsky, impugnó el convenio por violar normas elementales del derecho público: corrieron la línea de Ribera. Un juicio iniciado el año pasdo, a instancias del ministro de Obras Públicas de la Provincias, Raúl Sicaro. Un planteo similar habían efectuado los integrantes de la Agrupación Pro Vicente López. El anticipo fue realizado por los denunciantes a la prensa.

No obstante esta situación, la vieja pretensión del intendente Enrique García, de tener el control costero bajo su órbita, sigue en firme. Hasta tanto el preacuerdo firmado con la provincia no sea oficialmente borrado, continúa en pie el proyecto urbanístico.

Cabe recordar que el 18 de mayo el Concejo Deliberante avaló, con una clara mayoría, la firma entre García y la provincia (ampliar detalles en www.diariolonuestro, edición Nº522). Las presiones ejercidas sobre algunos miembros del Frente para la Victoria y las genuflexiones evidenciadas por ediles de Recrear y del ARI facilitaron el voto afirmativo.
Lo que en una comunidad seria y responsable se estila -analizar y debatir previamente para después definir un proyecto-, en Vicente López se invierte. Se debatirá sobre los hechos consumados.

El pasado jueves 1º de junio, el Concejo Deliberante aprobó la homologación del convenio suscripto entre el municipio y la provincia. Lo llamativo fue la postura de algunos concejales. Liliana Zviza (ARI), quien antes votó por la afirmativa, volvió sobre sus pasos -todo indica que por “presiones de arriba”, y en la sesión se inclinó por la negativa. Por su parte, Alicia Soria, Frente Grande, después de cuestionar el convenio, y solicitar la derogación de la Ordenanza que habilita las megaconstrucciones, al momento de votar se ausentó del recinto. Blanca Díaz del Ari, insistió una vez más en la necesidad de derogar la Ordenanza 22.326, sancionada a las 5 de la mañana, en una bochornosa sesión el 24 de diciembre de 2004.

El acuerdo definitivo deberá ser votado por el Concejo Deliberante en 90 días, una vez que la “comunidad debata el proyecto de los empresarios”. Cuestión ésta que se descarta. Entre la mayoría que el oficialismo tiene, sumado a los pseudos opositores -peronistas, Frente para la Victoria y Recrear-, el preacuerdo seguramente alcanzará la luz con algunas modificaciones de menor cuantía.

Todos encolumnados con el proyecto

El anuncio y el esquema de las obras públicas –camino costero– fue realizado la semana pasada en el Centro Cultural de la Costa. Allí, el intendente Enrique García (imputado penalmente, ver información en www.diariolonuestro.com.ar), acompañado del Director de Proyectos Especiales de la provincia, el arquitecto Marcelo Lenzi, y de la secretaria de obras públicas del municipio, Sabrina Mosca, junto a funcionarios municipales y concejales de la oposición, Arturo Satanic, detallaron el esquema que se avecina sobre una de la zonas más caras de Buenos Aires.
De este modo se consolida el proyecto del gobierno municipal que consiste en avanzar sobre todo el predio costero Una cuestión que de hecho viene realizando desde hace tiempo. El avance del sector privado sobre tierras públicas, sumado a los rellenos indiscriminados, produjo la lógica reacción de vastos sectores de la comunidad vicentelopense que ven peligrar su calidad de vida.

A tal extremo llegó el relleno que la Línea de Ribera fue corrida. Esto trajo aparejado que aquellas tierras que ayer asomaban como públicas –o inexistentes– hoy están en manos privadas. A partir de esta realidad, la Agrupación Pro-Vicente López denunció a la administración municipal en los tribunales (ampliar detalles en www.diariolonuestro.com.ar).

La denuncia la encabezan el abogado Miguel Quintabani, dirigente del Frente para la Victoria, y Santiago Jelenic, un experto (muy respetado en todos los ámbitos) en temas costeros. Ambos son presidente y vice de la agrupación antes mencionada.

A raíz de esta denuncia basada en anticipos realizados desde la prensa local, el pasado miércoles 31 de mayo el Fiscal General del Estado Bonaerense impugnó el convenio. Por lo tanto, las pretensiones del municipio deberían quedar, en gran medida, archivadas, si se sujetaran a lo fijado por la justicia.

Producto de este avance “privatista”, en que la administración García juega un rol importante, en pocos meses más podrían comenzar una serie de obras que sin lugar a dudas impactarán –la mayoría sostiene que negativamente– fuertemente sobre la calidad de vida de los vecinos. Grandes torres,18 pisos, centros comerciales y hoteles comenzarán a construirse en el transcurso del año.

Acuerdo cerrado

La firma del convenio se realizó el pasado lunes 15 de mayo, en la sede del banco Provincia en la Ciudad de Buenos Aires. El preacuerdo Urbanístico se selló entre el Ministro de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, representado por Antonio Eduardo Sícaro, y en nombre del municipio puso la firma el intendente Enrique García. La convalidación del convenio estuvo a cargo del Concejo Deliberante.

La clara mayoría radical, sumada a otras manos del peronismo y del Frente para la Victoria, un sector del ARI-Vecinalismo, y del PRO, legitimó el negocio costero que se aproxima sobre estos apreciados terrenos. De este modo, los críticos de ayer ahora votaron sin musitar, las pretensiones del oficialismo. La concejal Blanca Díaz, del Ari-Vecinalismo, votó por la negativa, en tanto Miguel Parodi del PRO se abstuvo.

Las pocas horas para analizar el convenio, la falta detallada de información por parte del oficialismo, y el impacto ambiental fueron los puntos más objetados por Díaz y Parodi.

Un dato relevante es que todos los bloques opositores habían acordado no aprobar ningún expediente que no sea presentado con el tiempo suficiente como para ser estudiado.
No son pocas las empresas –algunas muy pauperizadas– que han comprado a muy bajo precio varios predios en las inmediaciones de la costa. Rápidamente la sospecha que desde algún rincón del municipio se les anticipaba a los compradores el negocio que se venía, cobró alto voltaje.

“Con esta acción conjunta se inicia un proceso de desarrollo urbano que tiene como objetivo encuadrar de manera definitiva el crecimiento Vicente López, recuperar el valor de la franja ribereña que en la actualidad se encuentra muy depreciado, normalizar situaciones de ocupación irregular y generar equipamiento urbano, como servicios e infraestructura vial”, argumentaba el jefe comunal, a la hora de justificar el convenio.

Sin embargo, cuando se transita por diferentes estamentos de la comunidad local, las opiniones echan por tierra la visión del jefe comunal (ver nota aparte, todas las voces).

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