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[Edición #523 | 03.06.2006]
Vicente López | La justicia avanza sobre el juicio oral de varios funcionarios de la administración García

CORRUPCION MUNICIPAL: reducen caución a imputados

La Cámara Penal interviniente accedió al requerimiento de la reducción de la causión por parte de la defensa de dos imputadas.

De acuerdo con lo confirmado por fuentes tribunalicias, la Cámara Penal NºII de San Isidro, accedió al requerimiento de la defensa de dos imputadas: la reducción de caución. De este modo y tal cual lo había anticipado en exclusiva Lo Nuestro, Dora Zorrilla, ex secretaria de hacienda del municipio y mano derecha del intendente García, y Adriana Piaggio, lograron que se les reduzca la caución de manera considerable. Zorrilla, a quien la jueza María Cohelo le había impuesto $500.000, ahora deberá depositar $150.000. En tanto, la otra imputada deberá oblar $75.000.

Habrá que recordar que sobre esta causa, Cohelo tiene evidencia, a partir de los peritajes judiciales, de que la administración García pagó groseros sobreprecios por servicios de Data Entry que “nunca se habrían dando”. Por tal motivo, sobre Dora Zorrilla, al igual que otros involucrados -el intendente Enrique García también figura- podría recaerle la acusación de “peculado en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”. Una pena que podría llegar a 10 años de prisión. Algo difícil de imaginar, cuando el poder político está involucrado.

Cohelo posee evidencias de que la administración García contrató en forma directa a varias empresas (muchas truchas, para que brindaran un servicio de Data Entry), pagando $12, lo que en el mercado costaba $3,2. Y, no sólo los peritos judiciales detectaron esta “falla“. En su lapidario informe dicen que dichos servicios nunca se podrían haber prestado, ya que el municipio no tiene la estructura técnica que el caso merece. Sólo una de las empresas truchas, Granara, cobró de la administración García, en 1999, 700.000 pesos/dólares.

Por otra parte, el juicio que lleva adelante el nuevo fiscal, Gonzalo Aquino, UFI Nº 5, avanza –con ritmo judicial– sobre el juicio oral. En manos del juez Rafael Sal Lari del juzgado de transición Nº 3 -el mismo que lleva adelante el robo del Banco Río-, está en analizar las más de 200 fojas en que se detallan los delitos cometidos por los imputados. Enrique García, Dora Zorrilla, Guillermo León, Osvaldo “Azucarero” Simiele, Beatriz Zárate, Osvaldo Testa, Mónica Somoza, Carlos Granillo y Susana Oriolo son algunos de “los municipales” imputados en esta causa, que lleva más de 16 cuerpos y 6 años de investigación.

Habrá que recordar que de la larga investigación (iniciada por el removido y amenazado fiscal Lino Mirabelli, UFI Nº1) surge que la administración García contrató en forma directa a varias empresas para que brindaran cursos de capacitación para el personal municipal. “Cursos que fueron contratados, a sabiendas de que nunca se iban a dar”, tal cual describió el fiscal en su momento y sin embargo, el municipio pagó millones de pesos/dólares durante los 90 (www.diariolonuestro.com.ar). Increíblemente Dora Zorrila, asumiendo de algún modo las imputaciones, devolvió de su bolsillo, la friolera de $1.300.000. Por estas horas, el juez requirió de la fiscalía que ampliíe indagatorias de varios imputados.

Vicente López

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