Palabra del fiscal

El Fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Szelagowski, expresaba en el 2006 -tal cual surge de lo dicho por la Asociación Pro Vicente López- su oposición a que “el gobernador Felipe Solá y el intendente Enrique García puedan cumplir su designio de correr la línea de ribera del Río de la Plata para facilitar varios negocios inmobiliarios y el famoso megaemprendimiento y Shopping del grupo inversor “De Narváez-Carrefour”. La postura del magistrado surgía a raíz de la sanción de la ordenanza que da paso a la construcción de grandes emprendimientos comerciales en tierras costeras y al avance de edificios de 18 pisos sobre toda la traza de la Avda. Libertador. A cambio, los empresarios (Carrefour y cía) pagarían con obras para la comunidad, que a la fecha, nadie vio.El fuerte rechazo vecinal terminó postergando la iniciativa oficial. Frente a este panorama, el gobernador y el intendente acordaron algunas salidas jurídicas, con el aval de sus asesorías legales bajo el nombre de “Convenio para la Regularización y el Desarrollo del Area Ribereña”. En él se incluía un anexo “plan director” que contemplaba el corrimiento de la línea de ribera para privatizar tierras del dominio público y la autorización de edificios de hasta 18 pisos en la Avda. del Libertador y alrededores. Esta instancia fue avalada por el Concejo Deliberante en el 2006. En esa oportunidad, el oficialismo sumó a los concejales del Frente para la Victoria: Arturo Stanic y el sindicalista, Juan Carlos Schneider. El peronismo y el edil Eduardo Calefel (Recrear), una vez más levantaron la mano por la afirmativa.A posteriori, el fiscal Szelagowski, en su dictamen del 27 de marzo del 2006, se opone al corrimientode la línea de ribera que pretendía el intendente, para la construcción del Shopping”. Qué decía el fiscal.Entre los puntos más relevantes se destacan los siguientes: “… es dable advertir que la fijación de una nueva línea de la ribera constituye una cuestión central para la concreción del acuerdo urbanístico que se persigue”. El Fiscal denuncia la ilegitimidad de los rellenos clandestinos y se opone a la privatización de esas tierras: “… que si el origen de tales rellenos proviene del hecho del hombre, en la medida en que esos trabajos no hubiesen sido autorizados por la Autoridad competente, se deberá mantener la Línea de Ribera existente, sin que pierda la condición de bien del dominio público, el área en cuestión; ello así a los efectos de darle continuidad homogénea a la misma con respecto a los linderos y evitar, de tal suerte, obras sobre bienes del dominio público del Estado Provincial; preservándose asimismo los recursos naturales de acuerdo con las prescripciones del art. 41º de la Constitución Nacional y 28º de la Constitución Provincial.”. En cuanto a la autorización aconsejada por los asesores del gobernador, la cuestiona afirmando que “… ello procuraría cohonestar una situación irregular, privilegiando inversiones económicas que no necesariamente garantizan un progreso en la calidad de vida de los habitantes del partido”. También objeta la falta de estudios técnicos que justifiquen la mutilación dominial, y la escasa evaluación ambiental. El Fiscal de Estado sólo acepta modificar la línea en un sector ocupado por la Armada Nacional, único lugar que tendría –en su opinión- rellenos con respaldo legal. Sin embargo, del contexto surge que no se le reconoce al Estado Nacional la titularidad del bien adquirido falazmente bajo la presidencia de facto del almirante Lacoste, en 1981.

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