Enrique García tiene su Skanska

Las evidencias reunidas en contra del intendente Enrique García son demasiado contundentes y reveladoras como para no imputarlo penalmente por hechos de corrupción administrativa. Sobre esta base de pruebas, el entonces fiscal Lino Mirabelli de la UFI Nº 1 de San Isidro y su secretario Esteban Tellis Sánchez citaban en calidad de imputado al jefe comunal de Vicente López. Esto sucedía un 18 de octubre del 2004, a las 10 de la mañana. Pasaron los años y las imputaciones contra la administración García confirman y revelan que la corrupción pisó y fuerte por este distrito. Corrupción basada en la falsificación de facturas y en la contratación de “empresas truchas”. Y lo más grave: las “empresas” fueron contratadas por las propias autoridades municipales a sabiendas de que “los servicios que debían brindarles -cursos de capacitación para el personal municipal- nunca se iban a dar”.La corrupción denunciada en Vicente López, inevitablemente lleva al caso Skanska. Si bien lo que sucede en el orden nacional tiene similitud con lo sucedido en Vicente López, la mayor diferencia -no menor- radica en que el gobierno nacional echó a los imputados. El gesto no deja de ser serio, en tanto y en cuanto pareciera conducir a un respeto irrestricto -evitando las chicanas jurídicas- por parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en el Skanska de Vicente López, el intendente Enrique García -también imputado y con pedido de juicio oral- nunca sumarió a sus funcionarios y mucho menos cesanteó a los imputados. Mientras en Skanska la justicia investiga evasión Impositiva, en Vicente López nada de esto sucede. En Skanska, la prestación de servicios se realizó -es el gasoducto del norte-, sin embargo en los pagos de García, los trabajos (los mentados cursos de capacitación para el personal municipal) nunca se ofrecieron, eran meras pantallas. En Skanska, el sector privado ofreció coimas y sobrefacturó; en Vicente López las coimas se tradujeron en sobreprecios, contratación de empresas fantasmas y adulteración de facturas. No hubo coimas porque directamente “la maniobra (la estafa) se armó desde adentro del municipio”. El dinero no provenía de las arcas privadas, pero sí del Estado municipal. Ambos casos no hacen más que revelar el financiamiento espurio de la política, cuando no, el enriquecimiento de funcionarios. A diferencia de Skanska en que la justicia parece más contundente, en Vicente López la justicia pareciera más condescendiente con el poder político.Malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública, adulteración de documentos públicos, son algunas de las imputaciones que viene engrosando los más de 20 cuerpos que conforman los expedientes judiciales -ver información detallada en www.diariolonuestro.com.ar- en el que se encuentra involucrado el jefe comunal y poco más de 20 de sus colaboradores. Todos con pedido de juicio oral.La calidad de imputado (artículo 308) significa que para la fiscalía hay elementos más que suficientes para determinar que García, al igual que otros imputados, “han sido responsables de una serie de delitos que redundaron en perjuicio del municipio”, describen desde la fiscalía. Será el juez Rafael Sar Lari, quien determine si las pruebas aportadas por la fiscalía son válidas o no. Habrá que recordar que los delitos que se investigan (61 en total) tienen que ver con la contratación directa de cursos de capacitación para el personal municipal. Cursos que, tal cual surge de la propia fiscalía, nunca se dieron. Sin embargo, la administración García pagó entre 3 y 4 millones de pesos/dólares entre los años 96 al 99. Las empresas “truchas” y vendedores de facturas sólo se quedaban con un mínimo porcentaje: “no superaba el 10% de lo cobrado a la municipalidad, el resto quedaba en manos de algunos funcionarios”. Así se desprende después de leer en los expedientes judiciales. Los imputados Manuel Criado y Claudio Cavour, de las empresas CIDAN y Organización Vocacional, por caso, confirmaban las maniobras ante el magistrado. En algunas de estas empresas figuraban presos y ex convictos. Por caso, “el Momia” Ontivero cobró $25 como presidente de una de las falsas prestadoras: Nordway. Los sobreprecios fueron detectados a través de un perito judicial que determinó que “la municipalidad pagó $12 por un servicio de Data Entry, cuando en el mercado costaba $3,45 por hora”. “Los cursos de capacitación o las servicios contratados no se prestaron y los presupuestos originales fueron aumentados a cifras inexplicablemente superadoras”, aseveran desde los tribunales. Como muestra de delito describen que el pago de servicios “Becas de salud” -oficializado por el municipio- “pasó de un costo original de $8.000 a $142.329,44” y lo mismo sucedió con las “Becas de administración”: de 430.000 trepó a $878.971,98”. En tren de sobreprecios, bien vale la pena recordar cuando hacia principios de siglo se construía el Congreso de la Nación. El entonces diputado socialista Alfredo Palacios, denunciaba groseros sobreprecios. Aplicando su conocida capacidad de orador y la ironía, dijo que “aquí hay grandes negotiun” . ¿Seguirán aún hoy, los negotiun?, ¿habrá al igual que entonces, jueces condescendientes con el poder de turno?.La situación es tan comprometida para los imputados, que la ex mano derecha del intendente, Dora Zorrilla, ex secretaria de hacienda y lista para ir a juicio oral, devolvió la friolera de $1.236.000. El dinero que salió de su bolsillo (¿?), fue depositado en la cuenta que la municipalidad tiene en el Banco Provincia de Bs. As. Junto al despiste, la imputada confirmaba -así se desprende del escrito que fuera publicado en exclusiva por Lo Nuestro-, las imputaciones que pesan sobre la administración. Sin embargo, dejaba en claro que de los “errores administrativos”, no participaron más personas que ella. Así intentaba desligar al intendente y al resto de los funcionarios.Los permanentes y reiterados artilugios legales (palos en la rueda dirían en el barrio), puestos por los imputados, permitió demorar la causa. Gracias a ésto, el proceso lleva más de 6 años, decenas de allanamientos (incluida la municipalidad y domicilios particulares de funcionarios), comprobados pagos de sobreprecios, fabricación de facturas truchas, servicios que nunca se dieron y millones de pesos derivados a bancar estructuras políticas. Paralelamente, el director de Lo Nuestro, Miguel Armaleo, en un proceso que apenas llevó 3 meses, fue condenado a un año de prisión, por revelar a través de estas páginas, un sistema de corrupción que otros han preferido callar.•

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