[Edición #552 | 22.08.2007]
Vicente López | Corrupción en Vicente López
García deshoja la margarita judicial
En manos del juez Rafael Sar Lari está la decisión de llevar a juicio oral al intendente y demás colaboradores. Por otra parte, la Corte Provincial recibió un pedido de nulidad. Cursos de capacitación y sobreprecios (más del 1.500%) son los ejes acusatorios de los 61 delitos que se les imputa.
Mientras la justicia va acomodando los expedientes luego de las tradicionales ferias judiciales(vacaciones de invierno), el intendente de Vicente López Enrique García parece ir deshojando la margarita judicial: “voy a juicio, si; voy a juicio, no ....”. Sucede que el jefe comunal, junto a otros ex y actuales funcionarios de su administración, aguarda que el juez Rafael Sar Lari, Garantía Nº3 de San Isidro, decida si los envía a juicio oral. Por otro carril, Adriana Piaggio, Rita Beggs, Susana Blanco, Miriam Sánchez, María Oriolo y Dora Zorrilla, ex mano derecha y secretaria de hacienda del municipio, esperan la fecha de su juicio oral (Tribunal Oral Nº2). Esto no sucedería antes de las elecciones de octubre.Al igual que García y el resto de los imputados, Zorrilla es acusada por la contratación directa de cursos de capacitación para el personal municipal que nunca se dieron. Sin embargo, el municipio pagó varios millones de pesos-dólares en los 90 -ampliar información www.diariolonuestro.com.ar-. También se los acusa de pagar groseros sobreprecios por servicios de Data Entry. Así lo detectó la jueza María Cohelo, Transición Nº10, a través de peritos judiciales.En estos momentos, Sar Lari tiene en su despacho los más de 22 cuerpos de la causa. En él recae lo que podría ser el futuro del jefe comunal y su gente. Es que descartados los múltiples recursos de nulidad y de recusación de testigos solicitados por distintos imputados, ahora sólo resta determinar si las acusaciones que penden sobre Enrique García tienen suficiente peso como para sentarlo en el banquillo. La voluminosa causa (IPP Nº242984), que lleva 7 años de investigación, no hace más que revelar que la administración García ingresó en el cono de la “administración fraudulenta en perjuicio de la administración municipal; peculado -coima en lenguaje popular- y en el incumplimiento de los deberes de funcionario”, tal lo manifestado en su momento por el fiscal. A esta altura, prácticamente nadie pone en duda que los 61 delitos que surgen de la acusación, existieron -ver detalles exclusivos en www.diariolonuestro.com.ar-. En última instancia, lo que habrá que demostrar es el grado de participación que tuvo cada uno de los imputados. Confiaba a este medio un ex concejal del riñón del oficialismo -en su momento imputado en la causa-, que “todo lo que se dice es cierto; la plata era para bancar los sobresueldos de los funcionarios y los gastos de campaña, Dora sólo recibía órdenes”. Su relato se asemeja a lo manifestado por otros acusados, los “empresarios“ Claudio Cavour y Manuel Criado. Y en esta saga de empresarios, también actuaron ex convictos y algunos indigentes, que aseguraron que cobraban $3.500 por mes, tan sólo por firmar como responsables de las empresas. Otros apenas cobraron $25, por figurar como responsables de las denominadas empresas truchas.Fueron estos mismos “empresarios” quienes aseguraron ante el fiscal que “la maniobra delictiva se armó desde adentro de la municipalidad” y que “el dinero era para bancar la campaña del intendente y el Comité del Radicalismo de Vicente López”. Así surgió del testimonio que describieron Claudio Cavour y Manuel Criado, ambos integrantes de la empresa (CIDAN), prestadora de los supuestos cursos de capacitación para el personal municipal.Por otra parte, la causa que lleva adelante la jueza Cohelo está demorada. Es que a pedido de Dora Zorrilla y otras imputadas, la causa se remitió (en mayo del corriente año) a la Corte Provincial. Allí esperan un fallo favorable por la nulidad. Por la propia lentitud judicial, que generalmente termina favoreciendo a los ricos y poderosos, se estima que el juicio no verá la luz antes de fin de año. “La jueza no quiere elevar a juicio si no tiene toda la causa en su despacho”, explican desde la intimidad del juzgado.Al igual que lo hiciera desde el mismo momento en que se iniciara la investigación, la administración García optó por el camino de la nulidad y los múltiples recursos legales a los que pudiera recurrir. Dilatar y presionar políticamente pareciera haber sido la matríz con la cual manejan la causa los caros abogados: que ningún funcionario dice quién paga, pero el vecino sí imagina. Todo demostrado, resta justicia Los sobreprecios por servicio de Data Entry y el pago por cursos de capacitación para el personal municipal “que nunca se dieron”, han sido las claves de las acusaciones. Por estos “servicios” la municipalidad debió pagar más de 3.500.000 pesos/dólares. Lo que en el mercado costaba $3,2 la hora, el municipio abonaba $12 por un servicio de data entry (carga de datos a las computadoras). A tal conclusión arrribaron los peritos judiciales convocados por Cohelo. Mientras la jueza Cohelo aguarda que la Corte Provincial se expida y Rafael Sar Lari decida el destino de los imputados, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires confirmaba -hace varios meses- que las denuncias realizadas por el entonces concejal Diego Bonadeo y Cristina Aldini, hace más de 5 años, eran ciertas: el dinero que debía ir a fines sociales nunca llegó a los beneficiarios. A tal efecto, el organismo público le impuso un cargo (algo así como una multa) al mandamás municipal. La suma, que deberá ser pagada de su patrimonio, asciende a $2.413.991,88 -ampliar información en www.diariolonuestro.com.ar. -edición 535-.Pero lo más “jugoso“, alarmante y digno de “Macondo”, salió a la luz cuando Lo Nuestro reveló que la principal imputada, Dora Zorrilla, devolvió -lo depositó en la cuenta que la MVL tiene en el Banco Provincia- la friolera de $1.300.000. Su devolución fue acompañada de un escrito ante el fiscal, en el que asumía las culpas e intentaba desligar al resto de los imputados de los hechos. Si “Vicente López es ciudad para Vivir”, tal la definición oficial, algunos parecieran habérsela vivido para sí. ¿O no?.
Vicente López
| Fecha: |
15/09/2007 |
| Nombre:
| OSVALDO |
| Email: |
o_orecchio@hotmail.com |
| Comentario: |
DESPUES DE LEER ESTA NOTA CON 61 DELITOS COMPROBADOS,FUNCIONARIOS PROCESADOS,20 AÑOS EN LA INTENDENCIA EL SR. ENRIQUE GARCIA TODAVIA TIENE CORAJE DE VOLVER A PRESENTARSE EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2007 POR OTRO PERIODO MAS.??? GRACIAS POR INFORMAR A LOS VECINOS TENDRIAN QUE HACER MAS EXTENSIVA TODA ESTA INFORMACION ANTES DE QUE VALLAMOS A LAS URNAS |
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Justicia lenta para pocos Que la justicia está mal vista por un amplio sector de la población no es ningún secreto. Su compromiso con el Estado de derecho no siempre estuvo adecuado a la realidad y tal vez allí radiquen los cuestionamientos. Y esto pareciera que aún pesa sobre muchos magistrados. Además, no pocos de sus integrantes cargan con pesadas mochilas de desprestigio. Por otra parte, su lentitud -que generalmente se manifiesta más en los casos de ricos y famosos- despierta la bronca del común de la población, ya que consideran que esto beneficia a unos pocos. El juicio sobre corrupción en Vicente López lleva más de 7 años y ninguna sentencia. Paralelamente, el director de Lo Nuestro, Miguel Armaleo, en menos de tres meses fue condenado a un año de prisión, por ventilar los hechos que la justicia investiga.
Fundamentos De los fundamentos presentados por el entonces fiscal UFI Nº5 Lino Mirabelli (hoy integrante del Tribunal Oral Nº2), a la hora de elevar la causa a juicio se puede inferir lo siguiente: -Los imputados perjudicaron el patrimonio municipal con el fin de procurar para sí y para terceros un lucro indebido. -Hubo una maniobra infiel por parte de los funcionarios. -La sustracción de los caudales de la administración se realizaba adjudicando a diversos particulares, mediante sociedades conocidas como “aparentes” o sin existencia real, facturas y recibos de distintas entidades comerciales. -El municipio les pagaba por servicios que nunca se ofrecían. -Los servicios se abonaron con dinero público, que era repartido entre los imputados mediante un sistema de retorno, previamente acordado.
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