Con marchas y contramarchas, el Intendente no logra encontrar el rumbo

Los trabajadores exigen mejoras salariales y el fin del “empleo en negro”. Los vecinos reclaman prohibir y limitar las torres, tener viviendas dignas, poner coto a la contaminación ambiental y terminar con el descontrol nocturno. Denuncian que asesores municipales cobran más de $15.000.

Día a día, la situación social y política en Vicente López va sumando nuevos actores que se incorporan al gran elenco de reclamos. Paros, movilizaciones vecinales, planteos judiciales, juicios por corrupción administrativa y escraches en la puerta de la casa del intendente Enrique García, son parte de la larga saga que muestra al Vicente López real. Una realidad en la que las muertes escriben varios renglones.
“Un distrito inmensamente rico con empleados empobrecidos”, decía el médico Raúl Magariños de la Asociación de Profesionales del Hospital Municipal de Vicente López, mientras marchaba por la Avda. Maipú. El profesional, junto a más de 1.000 trabajadores se movilizaron el pasado 17 de abril, hasta las puertas del municipio en busca de mejores condiciones laborales y salariales. Motorizados por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López que preside Víctor Pirillo y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que conduce Fabián “Moncho” Alesandrini, los empleados, provenientes de distintas áreas, vienen exigiendo “un aumento de $500 para todos los trabajadores” y el blanqueo del personal en negro: empleados contratados. Sobre una abultada planta de poco más de 4.600 empleados, la actual administración municipal tiene, de acuerdo con estimaciones extraoficiales, más de 1.200 empleados contratados.
“El salario básico de un trabajador municipal en nuestro municipio ronda los $452 al mes”, detallaba el médico Rubén Tucci, integrante del Colegio Médico de Vicente López. Una cifra muy distante (incluido la cantidad de empleados), de la que pagan otros municipios vecinos. Frente a esta situación, el Sindicato viene buscando infructuosamente mantener, en principio, “un diálogo serio y responsable”, tal cual describe Pirillo. El objetivo no es otro que destrabar el conflicto, que se traduce en reiterados paros y movilizaciones. Por su parte, las autoridades municipales a través del Secretario de Salud, Guillermo León (imputado penalmente por la justicia sanisidrense), junto a Javier Carrillo, Secretario Gral. del municipio, “se muestran inflexibles y nada propensos a la hora de blanquear al personal contratado y mejorar el salario de los trabajadores”, aducen desde el sector gremial. “La postura oficial es impulsada por García, que insiste en no atender a los trabajadores, total él gana demasiado bien y nosotros bien, gracias” decía Alejandra L, con más de 20 años de empleada, que por temor a sanciones pidió la reserva de su apellido.
A modo de mostrar el Vicente López real, los empleados municipales aducen que “mientras los asesores municipales del intendente cobran salarios que promedian los $15.000, nosotros apenas tenemos un salario básico de 452”. Habrá que recordar que entre los asesores del jefe comunal, se inscriben el ex secretario de la producción, Osvaldo “Azucarero” Simiele, imputado penalmente por estar vinculado a la causa que detectó corrupción administrativa. Y lo mismo sucede con el ex corredor de automovilismo Carlos Marincovich, que fuera desplazado de la Dirección de Tránsito.
Los constantes y masivos paros, a pesar de las presiones ejercidas por los funcionarios sobre cada empleado, revelan que aquellos buenos lazos sostenidos entre García y sus empleados viene cayendo en picada desde hace varios años.
Y lo mismo sucede con vecinos de diversos barrios que reclaman por una mejor calidad de vida. A las conocidas movilizaciones exigiendo poner fin a la grave contaminación ambiental en Munro y Carapachay, se le han acoplado los reclamos de aquellos vecinos que pretender prohibir y limitar la construcción de torres sobre zonas residenciales. Y lo mismo sucede con las obras (centros comerciales y hoteles) que se pretenden realizar en la costa pública. Al respecto, cabe recordar que un reciente fallo del fiscal de Estado provincial Eduardo Szelagowski, echó por tierra las pretensiones oficiales de avalar el proyecto privado de Carlos De Narváez y Carrefour: construir un gran Centro Comercial en Laprida y río de la Plata. Una postura similar adoptó la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, al no permitir levantar una torre de 18 pisos en las inmediaciones de Libertador y Corrientes. En definitiva, ambos fallos no hacen más que comprender y escuchar (a partir del sentido común y jurídico), a los vecinos que vienen reclamando por una mejor calidad de vida -ampliar información en ww.diariolonuestro.com.ar-.
Una calidad de vida que por estas horas no logran concretar los vecinos de Villa Martelli, más precisamente los del barrio Las Flores, Constituyentes y Melo.
Aquella solución aportada por Néstor Kirchner en marzo de 2005, que no era otra cosa que todos los vecinos más humildes y pauperizados de Vicente López tengan su propia vivienda, el intendente García la convirtió en un verdadero conflicto. Todavía los vecinos de la villa Las Flores esperan que el intendente se disponga a construir los anunciados planes. “La plata para construir las 1400 casas está, el terreno también, y el intendente todavía no nos da respuesta”, dice Claudia Torres de la Comisión de Viviendas de Las Flores. Ella, al igual que cientos de vecinos se movilizaron una vez más para reclamar por sus legítimos derechos: una mejor calidad de vida, a partir de un vivienda digna.
Días pasados hicieron un escrache frente a las puertas de la casa del intendente. A raíz de esta situación, y por “sugerencia” del gobierno nacional, el intendente se vio en la obligación de dar la cara ante los vecinos. Nuevamente el jefe comunal no logró definir con exactitud y precisión el destino de las viviendas. Sucede que el viejo predio del Batallón de Villa Martelli -el sitio donde se debiera levantar gran parte del complejo habitacional- es apetecido por el municipio como un lugar preferentemente destinado a grandes inversiones inmobiliarias.
Tampoco se podrá soslayar la situación surgida por “la indiscriminada e inconsulta habilitación de locales comerciales” en zonas residenciales -información completa en ww.diariolonuestro.com.ar-. Decenas de confiterías o pubs habilitados por el municipio vienen aguijoneando a pacíficos vecinos que se ven invadidos por el ruido que surge de potentes parlantes, el consumo desmedido de alcohol, la droga y la venta de sexo. Muchos jóvenes estimulados por el exceso, salen a recorrer las calles a bordo de sus vehículos. Desafortunadamente, producto del tremendo descontrol reinante en la noche de Vicente López, una vez más, la muerte se llevó a un chico de 16 años. En esta oportunidad (el sábado 22 a la madrugada), un joven de 18 años a bordo de su automóvil mató, en Avda. del Libertador e Hipólito Yrigoyen, a otro de 16.
Si el panorama vecinal y el que le infringen los trabajadores municipales es desalentador y conflictivo para la administración García, no menos resultan las causas judiciales que penden sobre la misma. Por estas horas se aguarda que el juez Rafael Sal Lari , juzgado en lo Criminal Nº3 de San Isidro, defina la elevación a juicio de Enrique García. Lo propio deberá hacer con otros ex y actuales funcionarios; 22 en total. Mientras tanto, el fiscal Franco Servidio de la UFI Nº1 de Vicente López, ya tiene en su poder la causa por la cual Dora Zorrilla, ex Secretaria de Hacienda y mano derecha del intendente, al igual que otras imputadas, deberán responder en el juicio oral. Sobreprecios, la creación de empresas fantasmas, cursos de capacitación que nunca se dieron y la estafa millonaria en perjuicio del municipio, son parte de los ejes acusatorios en los que se basará el fiscal del juicio.
Como se observa, el panorama para el jefe comunal no es nada alentador. Muy por el contrario. Más aún en un año electoral. No es ningún secreto que el intendente y su numeroso séquito tienen que revertir los resultados adversos que los vienen aquejando. Si bien cuentan con el respaldo político del presidente de la nación, saben que esto sólo no alcanza.
Javier Carrillo, actual secretario general del municipio, lleva un control casi diario de qué partidos se inscriben en la junta electoral. Como fiel y leal exegeta del intendente, el funcionario revela de algún modo, que la administración García está más preocupada en los votos que en atender los reclamos sectoriales y vecinales. ¡Ni las muertes los inquieta!. Por eso no resulta extraño escuchar al director de tránsito Carlos Graiño, decir ante el periodista Mariano García Realini, que la muerte del chico Francisco Vrech, que fuera atropellado el fin de semana pasado en Avda. del Libertador, no les compete, “son desgracias que suceden”. Si hasta el subsecretario municipal, Guillermo Ruíz, dijo en declaraciones periodísticas que no se puede echar a un funcionario por sus declaraciones, agregando que “las muertes de Kheyvis se produjeron en una fiesta privada”. Así piensa y así actúan en la administración García. Con desdén por lo que le pueda suceder al resto de la comunidad. Y lo mismo hicieron con los familiares de Kheyvis, nunca fueron recibidos por el jefe comunal. Pero más irritación vecinal causó ver que los funcionarios involucrados en la causa (por caso Graiño y Ferreya) terminaron premiados por el jefe comunal. Y lo propio hizo Enrique García con todos sus funcionarios imputados penalmente: ninguno sumariado.

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