Colaboradora de García devuelve $1.300.000 y va a juicio oral con otros funcionarios

Luego de años de proceso judicial e investigación, la justicia llevará al banquillo a importantes colaboradores del intendente. Cursos de capacitación y sobreprecios (más del 1.500%), son los ejes acusatorios.

Finalmente, la hora del juicio oral sobre la administración García ingresó a la recta final. Esto es así, ya que el juez Rafael Sal Lari (Garantía Nº 3 de San Isidro), dispuso elevar la causa a juicio oral, dando cumplimiento a lo solicitado por la fiscalía. En esta primera instancia deberán sentarse frente al Tribunal Oral Nº 2, Dora Zorrilla, ex secretaria de hacienda y mano derecha del intendente; Rita Susana Martínez de Beggs; Susana Oriolo; Norma Blanco; y Miriam Sánchez. Todos vinculados a la administración municipal. Y se aguarda que dentro del transcurso del 2007, el fiscal Gonzalo Aquino, UFI Nº 1, también logre llevar a juicio a otros ex y actuales funcionarios (22 en total), entre ellos al intendente Enrique García. Por estas horas se está pasando la vista a cada uno de los imputados. Lo que significa que en pocas semanas más podría definirse la elevación a juicio.
Por su parte, la jueza María Cohelo prosigue con la intención de pedir juicio al intendente y demás funcionarios. La magistrada tiene comprobado el pago de sobreprecios en el que habría incurrido (en reiteradas oportunidades y durante años), la administración García.
Ahora el juez Sal Lari -basándose en el trabajo de la fiscalía-, solicitó el juicio oral convencido de que se cometieron los siguientes delitos: administración fraudulenta en perjuicio de la administración municipal; peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario.
Esta causa (Nº IPP 242.984 ) que tiene como principal imputada a Dora Zorrilla, ha recaído en el Tribunal Oral Nº 2, integrado por los jueces Clarisa Morris, Luis Zapata y Lino Mirabelli. Los expedientes cayeron al Tribunal el pasado 22 de febrero. Al respecto, cabe recordar que Mirabelli fue el fiscal que inició la investigación. De su largo y prolijo trabajo, Mirabelli logró demostrar que en torno a la administración municipal se sucedieron una serie de delitos en perjuicio del Estado municipal. Delitos que fueron motorizados y orquestados desde la misma municipalidad, así se desprende de los expedientes. Eran cursos de capacitación para el personal municipal. Cursos que la administración municipal contrató sin licitación, a sabiendas de que “nunca serían prestados”, sin embargo pagaron cifras millonarias. Tan punzante y seria fue su labor judicial, que Mirabelli fue desplazado de la causa. Si las presiones políticas y amenazas acompañaron la investigación, no fueron menos sugerentes las señales que surgieron desde el palacio de justicia. Primero le sacaron a su secretario. Después lo mandaron a una oficina incómoda y diminuta, hasta que finalmente le cambiaron el destino judicial: a Pilar. Ahora ya como juez en lo criminal, la causa cayó -sorteo mediante- en sus manos. Deberá excusarse de intervenir en el juicio.
Si bien se ha fijado que el Tribunal Oral Nº 2 sea el encargado de determinar el marco de responsabilidades, aún resta precisar la fecha exacta del juicio. Se especula que antes de fin de año difícilmente pueda iniciarse. Tampoco habrá que perder de vista que los abogados defensores puedan interponer algún recurso legal a modo de demorar la causa. Por estas horas, y de acuerdo con distintas fuentes oficiales consultadas, el poder político está recomendando que los abogados de los principales imputados saquen a relucir toda la artillería legal para demorar el juicio. “En medio de un año electoral, el “Japonés“ lo que menos quiere es que el tema se meta en la casa de los vecinos o que la oposición saque réditos”, graficaba con la reserva del caso, un funcionario.
A la espera de más juicios
El fiscal Gonzalo Aquino, UFI Nº1, al igual que la jueza María Cohelo, Transición Nº 10, ambos de San Isidro, tienen en la mira penal al intendente y a otros funcionarios. Lo que significa que en poco tiempo más, pidan más juicios.
Los ejes acusatorios pasan por la contratación directa -sin licitación- efectuada por la municipalidad durante los 90. Los sobreprecios, y el pago por servicios (cursos de capacitación para el personal municipal) que nunca se dieron, han sido las claves de las acusaciones. Por esto la municipalidad debió pagar más de 3.500.000 de pesos/dólares. Lo que en el mercado costaba $3,2 la hora, el municipio abonaba $12 por un servicio de data entry (carga de datos a las computadoras).
La elevación a juicio del intendente y de otros imputados, en su gran mayoría funcionarios municipales, está en la etapa de los traslados judiciales. Mientras tanto, la jueza Cohelo aguarda que la Corte provincial y la Cámara Penal NºII de San Isidro, se expidan sobre un pedido de nulidad y prescripción, solicitado por los imputados.
Paralelamente, el Tribunal de Cuentas de la provincial de Buenos Aires confirmó que las denuncias realizadas por el entonces concejal Diego Bonadeo, hace más de 5 años, eran ciertas: el dinero que debía ir a fines sociales nunca llegó a los beneficiarios. A tal efecto, el organismo público le impuso un cargo (algo así como una multa) al mandamás municipal. La suma, que deberá ser pagada de su patrimonio, asciende a $2.413.991,88 -ampliar información en www.diariolonuestro.com.ar. -edición 535-.
Pero lo más “jugoso“, alarmante y digno de “Macondo”, salió a la luz cuando Lo Nuestro reveló que la principal imputada, Zorrilla, devolvió la friolera de $1.300.000 -ver nota aparte-. Su devolución fue acompañada de un escrito ante el fiscal, en el que asumía las culpas e intentaba desligar al resto de los imputados.•

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