Cuando un niño no tiene derechos básicos

Cuando las excepciones municipales buscan satisfacer en la mayoría de los casos a grandes grupos económicos, no sólo despiertan en la población las dudas y las sospechas de corruptela: alientan la iniquidad y la discriminación. Desafortunadamente, los ejemplos abundan. Y por doquier.
Graciela Rusconi, vecina de Villa Martelli (Vicente López), es la mamá del joven Germán Edgardo, un chico que padece una discapacidad mental. Además de esta penosa situación, debe soportar el desdén de las autoridades municipales y la burocracia nacional y provincial. Ella, al igual que miles de familias, no recibe “ningún tipo de asistencia social”, asegura Graciela. “Somos gente de trabajo -explica-, mi marido es autónomo y por lo tanto esto nos impide recibir asistencia social”. De acuerdo con lo dicho por Rusconi, la ley no los habilita a recibir subsidios y pensiones, tampoco medicamentos por parte del Estado. Para la burocracia oficial, estos vecinos son pudientes. Nada más alejado de esta realidad. Como todo trabajador independiente, la yugan de sol a sol, y la padecen como cualquier hijo de vecino de una barriada muy pauperizada y postergada. Llegan a fin de mes con suma dificultad y múltiples privaciones. Esta no es la cuestión.
El eje es que lo que debiera ser un derecho natural para todos los individuos con estas características, para algunos se convierte en un verdadero calvario. Eso es exactamente lo que vive la familia Rusconi.
Además de Germán, Graciela junto a su marido tienen a su cargo a su hermana menor, también con discapacidad mental y a su madre con disfunciones motrices. Todos tienen los correspondientes certificados médicos.

“Ninguno tiene ayuda alguna, mi hijo tampoco tiene un colegio al cual concurrir, debe ir a uno privado y gasta $1.400 en remedios al mes”, dice Rusconi. Con suma impotencia y dolor, ése que sólo las madres saben transmitir con calidez y profunda humanidad, y al borde de las lágrimas agrega: mi hijo no tiene derechos del niño. “Desde el año 2003 -amplía- estoy tratando de que el Concejo Deliberante nos conceda la eximición parcial del ABL. Hemos remitido cartas a Ricardo Ortíz y Rubén Vecci, presidentes en distintas oportunidades del Concejo”. Los Rusconi, no satisfechos con la indiferencia oficial, recurrieron (en varias oportunidades) a la oficialista concejal Liliana Tremoulet, al frente de la comisión de discapacidad. “Nunca nos atendió, y nos negaron la excepción”, recuerda Graciela.
Conocedora de cómo se mueven los intereses dentro de la administración García, la mamá de Germán recuerda ante el cronista, las múltiples excepciones otorgadas a grandes grupos económicos en desmedro de la población. Tren de la Costa, Showcenter, SADE, Mc Donald´s, Carrefour-De Narváez, colegios privados y empresas constructoras, integran la grilla de los beneficiados por la administración García.
Los Rusconi, al igual que el resto de miles de vecinos de Vicente López, no tienen nada que ofrecer a cambio. Solo trabajo, transparencia y honestidad. Será que el pago del ABL de los Rusconi es tan insignificante para las arcas municipales, que no logra despertar la atención (y sensibilidad) de las autoridades municipales.•

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