Complicada situación judicial: juicio oral para la gestión García

El fiscal Gonzalo Aquino envió a juicio oral a más imputados de la administración García. Cursos de capacitación que “nunca se dieron” y sobreprecios son las principales acusaciones. Por estos “servicios” el municipio pagó más de 3 millones de dólares durante los ´90. Por otra parte, Dora Zorrilla tuvo que depositar $150.000 en efectivo.

Otra compleja instancia judicial se abrió sobre varios funcionarios (y ex) municipales de Vicente López, al conocerse un nuevo pedido de elevación a juicio oral, requerido por el fiscal Gonzalo Aquino, UFI Nº5 de San Isidro. Los motivos de la medida judicial se basan en hechos de corrupción administrativa que transcurrieron sobre la administración García. La malversación de fondos, el peculado y el fraude en perjuicio de la administración pública son algunas de las acusaciones por las cuales el fiscal pide el juicio de los 22 imputados.

Si bien Dora Zorrilla, ex secretaria de hacienda y otrora mano derecha de García, (quien asumió las culpas y devolvió la friolera de $1.330.000 al municipio) es la principal imputada, entre los 22 seleccionados para ir a juicio se encuentran, tal cual lo confiado por fuentes tribunalicias: Osvaldo ”Azucarero Simiele, Adriana Piaggio, Guillermo León, Francisco Sales, Armando Izzi, Susana Oriolo, Miguel Villarino, Miriam Sánchez, Rita Martínez de Beggs y Carlos Granillo. Y también el propio intendente Enrique “Japonés” García, que está imputado. Junto a ellos se sitúan “falsos empresarios”. De ahí en más, será el magistrado Rafael Sal Lari (Garantía Nº3), quien evaluará y considerará si las imputaciones son tan contundentes como para proseguir con el enjuiciamiento.

Mientras tanto, la defensa podrá echar mano a cuanto recurso legal tenga a su disposición, con el fin de desestimar las claras y contundentes acusaciones efectuadas por la fiscalía. Por lo pronto y tal cual informáramos en forma exclusiva –como lo venimos haciendo desde hace seis años– algunos defensores ya han presentado varios escritos al respecto (ver más información en www.diariolonuestro.com.ar). Seguramente, una vez finalizada la feria judicial se podrá conocer más acabadamente en manos de qué juez, previo sorteo, recae la causa.

Son más de 18 cuerpos de expedientes escritos, cientos de evidencias y pruebas acumuladas, testimonios y declaraciones asumiendo la responsabilidad en la estafa, que dejan al descubierto las maniobras delictivas. Es una larga, prolija y minuciosa investigación comenzada por el ex fiscal Lino Mirabelli, que prácticamente no dejan dudas sobre los delitos que están en danzas.

La contratación directa por parte de la administración García, de cursos de capacitación para el personal municipal que “fueron contratados –así dice el expediente judicial– a sabiendas que nunca se darían” y “con el único fin de producir un daño a las arcas municipales”, es la matriz de la acusación. Traducido en pesos, esto significaría un perjuicio superior a los 3 millones de pesos/dólares.
Concluida la feria judicial se podrá conocer con mayor detalle cómo continúa esta larga trama judicial. Trama en la que el poder político y judicial parecieran darse la mano.
Dorita: ahora $150.000
Paralelamente a este proceso, la jueza Mónica Cohelo tiene en su poder la causa 10/50618, donde una vez más, funcionarios municipales están involucrados. Acá se da el caso de groseros sobreprecios a raíz del pago de servicios de Data Entry.

La ultima novedad la constituye el reciente pago de Dora Zorrilla, que depositó $150.000 en efectivo en carácter de caución. Esto sucedió el pasado 19 de julio. Ella, junto a Adriana Piaggio habían sido “caucionadas” ante el temor de una fuga. En una primera instancia, la jueza había solicitado $500.000. La medida fue apelada ante la Cámara Penal NºII, quien finalmente le redujo el monto.

Ahora con un camino un poco más allanado, la jueza podrá comenzar a mirar la causa con la clara intención de iniciar la correspondiente acusación. El enjuiciamiento de los acusados –no se descarta que Cohelo implique al intendente García–, de no mediar recursos legales de la defensa, podría ver la luz en un par de meses.

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