[Edición #531 | 18.09.2006]
Vicente López | Coimas en el Senado y su correlato ético en Vicente López
Los jueces piden juicio oral y García busca acuerdo con Kirchner
La preocupación de los imputados, la mayoría vinculados a la administración García, no es en vano. Sucede que las dos causas (la de la UFI Nº5 y la del juzgado de Transición Nº10) que tiene en la mira a 22 funcionarios –ex concejales, asesores y ex funcionarios– está en el camino del juicio oral. Una trama que se basa en serias imputaciones judiciales, cimentadas en hechos de corrupción administrativa. Se les endilga a muchos de estos imputados, haber defraudado al municipio en más de 4 millones de pesos / dólares durante los años 90. Sobreprecios, servicios que nunca se prestaron (cursos de computación), facturas y empresas “truchas”, empresarios indigentes y funcionarios millonarios, son los ejes judiciales en los que se basan el fiscal Gonzalo Aquino (UFI Nº5) y la jueza María Cohelo (Transición Nº10), para pedir el juicio penal.
La malversación de fondos, el peculado y el fraude en perjuicio de la administración pública son algunas de las acusaciones judiciales. Si bien Dora Zorrilla, ex secretaria de hacienda y otrora mano derecha de García, (quien asumió ante el fiscal las culpas y devolvió la friolera de $1.330.000 al municipio) es la principal imputada, entre los seleccionados para ir a juicio se encuentran, tal cual lo confiado por fuentes tribunalicias: Osvaldo ”Azucarero Simiele, Adriana Piaggio, Guillermo León, Francisco Sales, Armando Izzi, Susana Oriolo, Miguel Villarino, Miriam Sánchez, Rita Martínez de Beggs y Carlos Granillo. Y también el propio intendente Enrique “Japonés” García, que está imputado. Junto a ellos se sitúan “falsos empresarios”, en su mayoría indigentes o ex presos. De ahí en más será el magistrado Rafael Sal Lari (Garantía Nº3), quien evaluará y considerará si las imputaciones de la fiscalía son tan contundentes como para proseguir con el enjuiciamiento. Por estas horas, el juicio está “demorado” debido a las exigencias de la defensa. Mientras tanto, hay un pedido en la Defensoría General y paralelamente se están tramitando las notificaciones de las requisitorias a juicio a cada uno de los imputados. Por su parte y a pedido de la defensa, la Cámara Penal de San Isidro se encuentra abocada a resolver un planteo legal interpuesto por la defensa. Cuestión ésta que demora aún más la causa.
Por otra parte, la jueza Cohelo (que tiene en sus manos el pago de sobreprecios, ver nota aparte “Radiografía...”) ya pidió el juicio de Dora Zorrilla, dejando al resto de los imputados en la puerta. Incluyéndose en esta saga al intendente. A Zorrilla, cabe recordar, se le impuso una caución de $150.000, por temor a una fuga. Frente a este panorama, el nuevo abogado de la ex funcionaria, Manuel Orjeira, planteó el sobreseimiento de su defendida. El sobreseimiento deberá ser resuelto por un fiscal. De acuerdo con las pruebas y evidencias, difícilmente el fiscal de lugar al pedido de Zorrilla. De ser así, Orjeira podrá recurrir a la Cámara y si nuevamente obtiene un fallo adverso, subir un peldaño más. Y todo indica que la defensa de la íntima amiga y mujer de extrema confianza del intendente García, recurrirá a todas las instancias legales para impedir su enjuiciamiento. Un trámite que podría llevar un largo período.
Pero si el fiscal considera que las pruebas presentadas por la jueza no son plausibles de juicio, Zorrilla habrá sorteado un gran escollo judicial. De este modo, podrá descansar en su residencia de Barrio Norte o en su confortable departamento de Miami, esperando el otro juicio: el que tramita el fiscal Aquino. Una fuente muy cercana a la ex funcionaria confiaba a Lo Nuestro que “Dora no está sola, habla muy seguido con Enrique (por el intendente), él nunca le soltó la mano”. Un dato que no deja de llamar la atención (en los círculos políticos y judiciales), más aún para alguien que se hizo responsable de todo y devolvió una cifra millonaria.
La buena relación del jefe comunal con el fiscal Julio Novo, sumado a su interesado amorío hacia el kirchnerismo, alienta la expectativa de que “la cosa va a terminar bien”. “Terminar bien es que sólo algunos paguen el precio ante la justicia, se entiende”, razonaba un funcionario del intendente ante este medio.
El único peligro que aún no está ponderado por el oficialismo es que Cohelo y Aquino parecen no bailar al ritmo de las presiones.
Coimas en el Senado
Las últimas revelaciones sobre la corrupción en el gobierno del radical Fernando de la Rúa produjeron la inmediata asociación con otros hechos que sucedieron (al parecer aún suceden) en varios distritos del Gran Buenos Aires.
Mientras las coimas en el Senado de la Nación toma nuevos ribetes -a partir de las declaraciones de arrepentidos-, en Vicente López las pruebas abundan, pero faltan los quebrados.
Seguramente otra sería la situación si los que hasta ayer vivieron de los “privilegios oficiales” de la administración García, salieran a la palestra a decir toda la verdad. En diversas oportunidades, la falta de contundencia o fatiga judicial fue superada por las declaraciones de los genuflexos, cuando no por el avance del periodismo.
Desafortunadamente, el ser el único medio de prensa en seguir la causa con tanta continuidad y prolijidad nos valió y nos vale la sistemática y permanente censura del poder municipal. También nos costó –particularmente al periodista Miguel Armaleo–la condena de un año de prisión (ampliar detalles en www.diariolonuestro.com.ar) por decir lo que otros prefieren callar.
En diversas oportunidades estas páginas reflejaron dichos en off, de ex concejales y funcionarios, que aseguraban que “todo lo dicho por la justicia e investigado por ustedes, es cierto”. Sin embargo, nadie se presenta espontáneamente ante la justicia para hablar. Todo lo dicen en la intimidad. Seguramente, el temor a perder su puesto de trabajo en el municipio, los aleje de la verdad y de la justicia
Vicente López Por favor, déjenos su comentario acerca de esta noticia
VOLVER
|
COIMA NO, SOBREPRECIOS
Fueron decenas los supuestos cursos que la administración del intendente Enrique García contrató en forma directa.
Entre éstos se encuentra uno bajo el título: “Cómo lograr negociaciones efectivas”, a cargo de la empresa Nordway s.a, cuyo presidente, Ariel “El Momia” Ontivero, un ex convicto, recibió $25 por el cargo. Para esto confeccionaron la factura Nº 0112 con fecha del 14 de octubre del 99, por un monto de $17.111,54. El municipio pagó el 11 de octubre con un cheque del Bco. Pcia de Bs. As. (Nº 6303) que fue cobrado por Adriana Zárate. El 6 de diciembre del 99, la empresa Nordway le factura (Nº 0134) al municipio el curso de “Cómo estructurar programas de remuneración variables” por un monto de $17.942.11, habiendo cobrado la suma el 7 del mismo mes. Por su parte, la empresa CIDAN de Raúl Manuel Criado, también hizo lo propio con otros cursos.
Y así siguen las empresas y los mentados cursos que nadie logró ver. También surge en el tapete la contratación directa de servicios de Data Entry (carga de datos en computadoras), por los cuales la administración municipal pagó sobreprecios. Los montos en danzas superan los 3 millones de pesos/dólares, pagados en los ’90. Lo que en el mercado se abonaba $3,2 la hora, la administración García abonaba a las empresas (muchas fantasmas) $12. Los mismos peritos judiciales que arribaron a esta conclusión, aseguraron, en otra parte de su informe, que “para realizar semejantes trabajos, la municipalidad debía disponer de computadoras que no tiene y una cantidad de personal que tampoco tiene (ampliar datos en www.diariolonuestro.com.ar).
Las supuestas prestadoras, en su gran mayoría, nunca fueron halladas por nuestros cronistas y por la justicia. Granara. s.a, por mencionar tan sólo a una de las tantas prestadoras, era tan falsa que la dirección que aparecía en la factura no era otra cosa que un bar. Allí nunca había funcionado tal empresa. Sin embargo, la administración García en un año le pagó más de 700.000 pesos/dólares, por servicios que nadie vio.
Otra prestadora, CIDAN, fue inhabilitada hasta el 2005; Esycom hasta el 2004 y Silver Trade hasta el 2005, todas por el Banco Central. Otro dato que a nadie le llamó la atención en el municipio fue que el apoderado de todas estas empresas era Reinaldo Castro. Tampoco llamaron la atención en la administración de Enrique García, las múltiples denuncias que partían casi en forma exclusiva de Lo Nuestro y de la oposición del Concejo Deliberante (entre los años 96 y 2000 a cargo de los concejales Javier Varani, Sonia Martín, Diego Bonadeo, entre otros), ante el silencio del oficialismo. Por entonces, el presidente del Concejo Deliberante era Ricardo Ortíz (UCR).
Son más de 18 cuerpos de expedientes escritos, cientos de evidencias y pruebas acumuladas, testimonios y declaraciones asumiendo la responsabilidad en la estafa, que dejan al descubierto las maniobras delictivas. Es una larga, prolija y minuciosa investigación comenzada por el ex fiscal Lino Mirabelli, que prácticamente no dejan dudas sobre los delitos que están en danzas.
La contratación directa por parte de la administración García, de cursos de capacitación para el personal municipal que “fueron contratados –así dice el expediente judicial– a sabiendas que nunca se darían” y “con el único fin de producir un daño a las arcas municipales”, es la matriz de la acusación. Traducido en pesos, esto significaría un perjuicio superior a los 3 millones de pesos/dólares.
|