Administración García: costaba $8.000 y pagaron 142.329,49

Cuando la elevación a juicio parecía un camino de corto plazo, a la hora de buscar la verdad, los defensores de los principales imputados apelaron la medida. Los más de 60 delitos por los que el ex fiscal Andrés Mateo, UFI Nº5, entendió que Dora Zorrilla, ex secretaria de Hacienda y mano derecha del intendente García, junto a Susana Oriolo, Beatriz Blanco, Rita Martínez de Beggs, Adriana Piaggio, y Miryam Sánchez, vinculadas al área de hacienda, debían responder por las graves acusaciones, ahora se encuentra demorada. Sobre estas figuras se centran las principales acusaciones. La saga de imputados está integrada por 22 personas, en su gran mayoría vinculadas a la administración García. En el “seleccionado”
–tal cual confiaran fuentes tribunalicias–, que se prepara para sentarse en el banquillo, podrían estar desde Osvaldo “Azucarero” Simiele, Guillermo León, hasta el propio intendente de Vicente López, Enrique “Japonés” García. Todos imputados penalmente.

La causa (Nº 0305), que está en manos del juez de garantías Nº3, Rafael Sal Lari, fue a sorteo, ya que la defensa interpuso un recurso de apelación. La elevación a juicio , cabe recordar, había sido solicitada por el fiscal Andrés Mateo, UFI Nº5 de San Isidro. En sus más de 200 fojas, él, junto a su adjunto -hoy al frente de la fiscalía-, Gonzalo Aquino, denuncian peculado, fraude en perjuicio de la administración pública y administración fraudulenta. El principal punto de la acusación se centra en la contratación directa, por parte de la administración García, de cursos de capacitación para el personal municipal y los sobreprecios de becas.

Fuentes inobjetables confiaron a este medio que desde el palacio municipal de Maipú y Gutiérrez, imploraron a la defensa que sacara a relucir toda la artillería legal y política, para que el juicio no viera la luz judicial, en los términos planteados por la fiscalía. En definitiva, una maniobra que buscaría en última instancia, la prescripción de la causa. Un dato relevante: nadie sabe quién paga los honorarios de los abogados de muchos de los imputados –algunos ex y actuales funcionarios–. En la intimidad, algunos del entorno del intendente confiaron a Lo Nuestro que ellos no ponen un peso, se lo pagan.

En el escrito a elevación a juicio se observa que hay 61 hechos que a criterio del fiscal, constituyen serios delitos. El fiscal acreditó incumplimiento de los regímenes de licitación pública o privada (por parte de los funcionarios imputados) de manera fraudulenta, con la intención de aparentar su cumplimiento. No sólo asegura Mateo que los cursos de capacitación para el personal municipal “nunca se dieron” sino que se detectaron groseros sobreprecios. En el rubro “Becas Salud”, lo que debía pagarse $8.000 la administración García pagó $142.329,49. Lo propio sucedió con el pago de becas generales: de $430.000 saltó a $878.971,99. Estas son sólo algunas de las innumerables acusaciones planteadas por la fiscalía a lo largo de las 200 fojas. Pero la trama oscura de la administración García, muy bien descripta en esta elevación a juicio, se sumará seguramente a otra instancia judicial, que por estas horas plantea el fiscal Gonzalo Aquino: tiene en carpeta otra elevación a juicio.

Son más de 18 cuerpos de expedientes escritos, cientos de evidencias y pruebas acumuladas, testimonios y declaraciones asumiendo los delitos, que reunió a lo largo de 6 años el fiscal que diera origen a la investigación: Lino Mirabelli, UFI Nº1. Los montos de la estafa podrían orillar –si se comprueban las acusaciones– los 4 millones de pesos/dólares.
Paralelamente, en el juzgado de transición Nº10, a cargo de la jueza María Cohelo, se tramita otro juicio, también contra la administración García (ver datos exclusivos en www.diariolonuestro.com.ar). La magistrado tiene la certeza de que la administración García contrató, sin licitación previa, a empresas pagándoles un considerable sobreprecio por servicios de Data Entry. Lo que en el mercado costaba $3,2 la hora, el municipio pagó $12

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