Amenazan a la jueza que investiga corrupción municipal

Mostrando suma capacidad logística, los delincuentes la llamaron a su domicilio particular. Le recomendaron “dejarse de joder” y hablaron de sus hijos. La causa más compleja sería la que asegura que se pagaron sobreprecios en el municipio de Vicente López. En su momento, el fiscal Lino Mirabelli también fue amenazado. ¿Demasiadas coincidencias?

Unas extrañas y amenazantes llamadas telefónicas acaba de recibir la jueza María Cohelo, titular del juzgado de Transición Nº1 de San Isidro. La información, tal cual consignaran fuentes cercanas al juzgado, alcanzaron tal voltaje que dejaron más que preocupada a la magistrada y a su entorno familiar. Como quien conoce muy bien los movimientos y las cuestiones cotidianas del amenazado, los delincuentes traspusieron la “intimidad del juzgado” para llegar al propio domicilio de la jueza. En su llamado -que fue atendido por el marido de Cohelo-, el delincuente le “recomendaba” dejarse de joder con las investigaciones. Uno posterior, ya más alarmante, le recordaba que tiene 6 hijos y que lo más conveniente era no investigar; uno nunca sabe como puede terminar todo.

La situación, por cierto complicada y alarmante, llevó a la jueza a tomar medidas de seguridad, que antes no disponía. Consultada la misma fuente del juzgado, a qué se podía atribuir semejante amenaza, no lograron determinarla a una causa en especial: “en nuestro juzgado tenemos muchísimas causas, pero ninguna tan compleja como para recibir semejante amenaza”, detallaba el funcionario judicial, a la hora de buscar alguna explicación razonable, si es que la hay. Y recordaba que más allá de robos de automotores u otras situaciones similares, María Cohelo no tiene causas en su poder tan complejas en las que pueda haber “gente” con tanto poder como para obtener los teléfonos particulares o datos tan personales. Para esto, y así lo demuestra la experiencia, se requiere cierta logística e inteligencia, que no cualquier delincuente logra obtener en el “mercado delictivo”. Sólo fuerzas de seguridad o cacos muy bien relacionados con el poder corrupto podrían obtener información tan sensible.

Frente a semejante realidad, correspondía preguntarle al funcionario judicial -que pidió la reserva del caso- si la causa que investiga posibles hechos de corrupción sobre la administración García, donde las evidencias son muy comprometedoras para los funcionarios imputados, podría haber disparado las amenazas: “No, no, no creo”, respondió. “Si bien es una causa compleja y complicada, por las personas involucradas, me cuesta creer que las amenazas provengan de ahí”, agregó.

Coincidencias o no, Lino Mirabelli, a cargo de la Fiscalía Nº 1 de San Isidro, hace más de tres años fue amenazado (ver ediciones anteriores en www.diariolonuestro.com.ar). A diferencia de lo que le sucedió a Cohelo, la amenaza sobre Mirabelli estaba direccionada sobre la causa de Vicente López.

Habrá que recordar que Mirabelli fue el primer fiscal que logró recabar cientos de pruebas que demostraron que la administración García contrataba cursos de capacitación para el personal municipal “a sabiendas que los mismos nunca se iban a dar”.

Producto de esta larga, prolija y minuciosa investigación, Mirabelli imputó a decenas de funcionarios y ex funcionarios municipales. Dora Zorrilla, ex secretaria de hacienda, Guillermo León, secretario de Salud, Osvaldo “Azucarero” Simiele, asesor del jefe comunal; Rita Martínez de Beggs, ex tesorera, y hasta el propio intendente Enrique García, por nombrar tan sólo algunos, fueron imputados en la causa.
Hoy y tal cual anticipáramos en ediciones anteriores, la causa ha sido elevada a juicio oral.

Mirabelli, por cuestiones de formalidad legal, fue desplazado de la investigación judicial. Previamente y por disposición del Fiscal General de San Isidro, Julio Novo, Mirabelli vio como le desplazaban, sin previo aviso, a su secretario adjunto, Esteban Telli Sánchez. A posteriori, pasó de tener una adecuada oficina a estar “confinado” a un diminuto espacio. Seguramente algún experto en semiótica podría darle una lectura especial a tantos gestos o símbolos.

Tal vez resulte complejo y por qué no, para algunos hasta absurdo, pensar que hay puntos de coincidencia entre los que le acaba de suceder a la jueza Cohelo con lo que vivió el fiscal Lino Mirabelli. No hay que ser mal pensado. Las presiones y amenazas, generadas desde el poder, sólo transcurren en la ficción. ¿O no?.

En definitiva, la única coincidencia entre ambos funcionarios del poder judicial es la causa que revela la trama oculta de la administración García. Un mero detalle, en medio de un fárrago y sinnúmero de acusaciones que revela –así lo sostiene la fiscalía– que los imputados incurrieron en el incumplimiento de los regímenes de licitación pública o privada, cometiendo peculado, fraude en perjuicio de la administración pública y administración fraudulenta.

Una maniobra que significaría un perjuicio económico superior a los 3 millones de pesos/dólares para el municipio. La contratación directa de cursos de capacitación para el personal municipal y groseros sobreprecios en los servicios de Data Entry, son los ejes de la acusación jurídica.

Es cierto, Enrique García lleva 20 años en el ejercicio del poder y sabe como pocos, cómo se lo construye. Y sobre todo, cómo cuidarlo. No por casualidad ha salido muy presurosamente a buscar un salvavidas en Balcarce 50. Pero de ahí a pensar que un intendente que lleva 20 años en el poder (con los vicios que los años genera y con decenas de denuncias) o algún allegado a él, que esté implicado en la causa, se le cruce la idea de amenazar, hay un largo trecho. Un principio preciso del derecho argentino es que “todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”. Decía el extinto presidente Perón: “Los hombres son buenos, pero si se lo vigila mejor”.

Un dato para agendar es que la mayoría de los imputados vienen echando mano a cuanto recurso legal y chicana jurídica tienen a su alcance, con el claro objetivo de embarrar la causa. Y en lo posible, que la misma prescriba. Sólo detalles, que seguramente nada tengan que ver con las amenazas.

No pocos definen a Enrique García como “prolijo y buena persona”. Tanto que nunca impartió sumario administrativo a ninguno de los imputados. Tan gentil, que en su despacho, en los comienzos de su gestión –tal cual lo reveláramos en aquella oportunidad– se produjeron unos ruidos similares a disparos entre un ex concejal y un conocido quinielero. Su bonomía lo llevó a que evitara expedirse públicamente sobre la cuestión.

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