Kheyvis, Cromañon, excepciones: un mismo camino

Son demasiadas desgracias y hechos como para ser considerados fortuitos. Más bien, cada uno de ellos responde a modos, actuaciones y conductas muy arraigadas. Empresarios que todo lo pretenden y estados que sucumben ante el dinero. En Vicente López, violar las leyes tiene precio. Opiniones de la profesora Diana Maffía.

Decía el ex primer ministro italiano Giulio Andreotti -que fue objeto de sendos procesos judiciales por su vinculación con la mafia- que “el poder destruye, arruina y envilece... al que no lo tiene”. La versión nativa es aquella suerte de máxima arrojada por el fallecido empresario Alfredo Yabrán: poder es tener impunidad. Y cuando uno ve lo que sucedió en la disco Kheyvis de Olivos, donde 17 chicos encontraron la muerte, o la tragedia de la República de Cromañón, la impunidad vuelve a surgir en el imaginario colectivo.

Dos tragedias que seguramente hubieran tomado otro color si la eficiencia, la responsabilidad empresarial y social y los adecuados controles estaban a la orden del día. Pero no, todos, cada uno de los actores involucrados en ambas tragedias actuaron en sintonía con una cultura que nos viene ganando desde hace tiempo la batalla. Una cultura donde todo es posible. Todo se compra o se vende, y tiene precio. Una cultura en que la justicia no es tal y los que debieran cuidar son los que más aporrean. Así van creciendo y “cultivándose” las nuevas generaciones. Los parámetros culturales donde debieran reflejarse los jóvenes, están desdibujados. Si hasta los modelos extramuros que algunos pretenden inculcar en el orden nacional, se basan en la ley de la fuerza y la impunidad más grosera. El ejemplo más emblemático de esa cultura, sin lugar a dudas, lo constituyen los EE.UU.

Sobre esta saga abreva un importante sector del periodismo y de la denominada clase media. Son capaces de movilizarse por un Axel Blumberg y extrañamente no se los ve en las marchas de Kheyvis o de Cromañón.

“La ley es la astucia de los poderosos para controlar y explotar segmentos sociales enteros, la transgresión, es resistencia civil, rebeldía ante la opresión” detalla la profesora de la UBA, Diana Maffía . Y agrega: ¿se les permite a los jóvenes sentir que las leyes, la policía, los funcionarios y los políticos están velando sus derechos, tomando en cuenta sus intereses, garantizando el futuro?. Para fundar una sociedad hace falta, en primer lugar, delimitar quiénes serán considerados ciudadanos. Es un pacto moral previo al contrato, que dice quiénes cuentan en la convivencia. Si ese pacto moral no es inclusivo, la república es una mentira”.

A la luz de los acontecimientos, es evidente que la gran mayoría no se siente incluida en esa visión de república que describe la académica. Muchos actúan despectivamente, violando aquellos esquemas que se les trata de imponer. Jóvenes y no tanto, vislumbran que siempre hay un resquicio por donde birlar las normas. Desde actitudes simples, como evitar ponerse el cinturón de seguridad, no hacer colas, o las más complejas, evadir impuestos, lavar dinero o armar negocios fuera de las exigencias vigentes, abonan esa “cultura de la impunidad” y del “todo se puede con dinero”.

Seguramente los chicos que desataron la tragedia en Kheyvis o el que prendió la bengala en República de Cromañón desconocían el riesgo al que exponían a sus pares. Pero en esta cultura de la impunidad, sabían que más que una simple reprimenda no recibirían.

Ni el intendente de Vicente López Enrique García, Aníbal Ibarra, Omar Chabán o los dueños de Kheyvis tenían en sus mentes -a partir de sus funciones- provocar los hechos que hoy están en el tapete. Pero esto no los exime de responsabilidad y culpas. Chabán sabía de antemano que su negocio no contaba con todas las normas de seguridad del caso. Pero en esta cultura de la impunidad, razonó que los funcionarios serían más que laxos a la hora de hacer cumplir las normas. Si hasta el propio representante del grupo que actuaba esa noche (Callejeros), que sabía que allí no podría entrar tanta gente, nada dijo al respecto. Y esto no significa que se esté ante empresarios asesinos.
Y algo muy parecido sucedió con la disco Kheyvis. La falta de control oficial, sumado a la irresponsabilidad empresarial y la ingenuidad juvenil desató la tragedia aquel diciembre de 1993. La impunidad en torno a este tema llegó a tal extremo que aún hoy, los familiares siguen transitando los estrados oficiales en busca de justicia. Tan instalada está la cultura de la impunidad en Vicente López, que no se conoce que el intendente Enrique García haya sumariado a ningún inspector o funcionario por haber permitido el funcionamiento de Kheyvis. Y como acusan los familiares de las víctimas: el jefe comunal premió al ex comisario, Manuel Ferrería, con un ascenso: de ex jefe de inspectores ahora es secretario de seguridad del municipio. Una vez más, quien debiera dar ejemplos contundentes y precisos, miró para otro lado desoyendo las voces del dolor y la razón. Tal vez basándose en esa lógica de que el poder es tener impunidad, tal cual lo describía Alfredo Yabrán, la administración municipal hizo carne esa máxima.
Con una justicia ampliamente desacreditada e influenciada por el poder político, y fallando en muchos casos en sintonía con la presión de un sector de la sociedad, era razonable que la cultura de la impunidad también recalara en Vicente López. Y en la administración García está muy arraigada. De hecho, cuando uno intima con algunos funcionarios o concejales con respecto a las causas judiciales que tiene en la mira a la actual administración, coinciden en decir que “todo está arreglado... no pasa nada”. A pesar de estar imputados judicialmente por pagar millones de pesos/dólares a empresas fantasmas, se sienten impunes. A tal extremo que la administración García nunca impartió sumario a ninguno de ellos ni echó a ningún funcionario. Tampoco desde el Concejo Deliberante, que en su momento presidía el radical Ricardo Ortíz, se intentó -a excepción de un sector de la oposición- buscar la verdad.
Si bien las excepciones que ofrecen los Concejos Deliberantes son cuestión legalmente establecida, no es menos cierto que detrás de algunas de ellas se ocultan serios bolsones de corrupción donde la coima es la llave de acceso.

Recientemente, el intendente García festejó con bombos y platillos una mega excepción en beneficio de grandes grupos económicos (ver nota aparte). Una vez más en ese distrito se daba lo que argumenta Diana Maffía: la ley es la astucia de los poderosos para controlar y explotar segmentos sociales. Cines, microestadios, 400 comercios en un centro comercial, oficinas comerciales y viviendas particulares serán construidas gracias a un beneficio otorgado por el jefe comunal y concejales. Sin entrar a analizar las ventajas y desventajas del proyecto y obviando la prohibición de la legislación vigente, García y los concejales dieron rienda suelta al negocio. Por su parte, los empresarios ofrecieron a cambio millones de pesos para el municipio. Claro que nadie sabe si también hubo más dinero en danza sin declarar. ¿O acaso alguien tiene libre acceso a los libros contables de las empresas?. En una sociedad que no se basa en la impunidad y que el respeto a la ley es un dogma serio, no surgen empresarios que permanentemente seducen con millonarias donaciones. Ellos sabrán de antemano que es más caro infringir las normas que cumplirlas. En un estado serio y responsable, tampoco hay funcionarios que hacen de las violaciones a los Códigos, normas habituales. “Es muy claro y evidente que no se puede construir una sociedad sobre la base de la impunidad y que todo se puede si hay dinero mediante” explica al momento de ser consultado, el politólogo Marcelo Accinelli, funcionario provincial y miembro del Grupo Coincidencias de este distrito.

Y en el afán de cultivar la cultura de la impunidad, Enrique García dijo por diferentes canales que seguirán las excepciones de este tipo, previo “plan canje”. Ante el periódico 168 horas, detalló: el bingo en Vicente López está prohibido, porque es una actividad que no deja recursos. Pero hay una posibilidad, hemos hecho un desafío, si alguien tiene intención de colocar uno y nos ubican tres mil viviendas lo vamos a analizar”. Al respecto, cabe recordar que esta actividad, al igual que la hotelera y los casinos, son utilizadas preferentemente por los lavadores de dinero.

La postura del jefe comunal no hace más que abonar que en Vicente López, todo es viable en la medida que exista dinero a cambio. Ya no importan las normas y Códigos vigentes, porque llegado el caso, se los modifica en función del interés del particular que paga.

Con dinero, mucho, muchísimo, todo es posible, hasta violar las normas. Un beneficio que no obtiene el común de los mortales por dos motivos muy claros: uno, porque el vecino común no tiene dinero suficiente para ofrecer, y el otro, es que dentro de la lógica de los que alimentan la impunidad es conveniente que haya alguien que cumpla con la ley. Es evidente que toda esta situación genera un alto grado de iniquidad ante la ley.

Es natural que en un estado anárquico, las leyes sean pasadas por alto, pero en un estado de derecho real, nadie debiera quedar exento de cumplirlas.

Gracias a esta cultura de la impunidad y del “todo lo puedo si tengo plata para comprar voluntades”, empresarios y funcionarios van abriéndose camino ante la impasibilidad de importantes sectores de la comunidad. Sectores que parecieran importarles poco y nada cómo se construye una sociedad seria y responsable. El deterioro es tan grande que muchos creen que esto es normal. Algunos de estos ciudadanos se aferran o justifican en el “roban, pero hacen”, porque así fueron creciendo. Otros, los más interesados en alimentar este tipo de proyectos como el que está dando vueltas en Vicente López, argumentan que no hay que detener el progreso, porque sino “las inversiones se van a otros distritos”. En definitiva, hechos como los de Kheyvis, Cromañón y las excepciones no hacen más que marcar patrones de conducta. La cultura de la impunidad –donde todo tiene su precio– no es patrimonio exclusivo de funcionarios y particulares. Muchas veces la complacencia de algunos medios de comunicación y el silencio de una población individualista facilitan la labor de los que transitan por la senda de la impunidad y la corrupción.

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