Arslanián da la cara y los vecinos exigen más seguridad

Fue un encuentro generado por el ministro y un grupo de vecinos del que participaron poco más de 200 vecinos. Algunos de ellos creen que hay poca eficiencia. Tras la purga, se puso en funcionamiento a la nueva cúpula policial. La Alcaidía, más cerca de su conclusión. La Departamental de San Martín, a pasos de su intervención.

A pesar del gran esfuerzo evidenciado por el gobierno provincial en mejorar los niveles de seguridad, vecinos de las Lomas de San Isidro y de La Horqueta se mostraron ofuscados ante León Arslanián. La particular bronca de la gente de esa residencial barriada se evidenció cuando el ministro de seguridad bonaerense se reunió con ellos en las instalaciones de La Horqueta Tenis Club. Fueron poco más de 200 vecinos, mayoritariamente de San Isidro, y algunos provenientes de San Fernando, Vicente López, Tigre y Pilar. De la charla convocada por un grupo de vecinos y el propio ministerio, también participaron representantes de foros de seguridad y entidades comerciales regionales.

Tal vez imbuidos de la “ola blumbergiana”, alimentada en gran medida por un sector del periodismo, algunos vecinos salieron a exigirle al ministro soluciones inmediatas. Como si la inseguridad fuera una mera cuestión de subir o bajar una palanca, o tocar un simple botón, le enrostraron poca eficiencia y “perder el tiempo dando estadísticas cuando nosotros necesitamos soluciones”. “Pagamos nuestros impuestos y como tal reclamamos” decía una vecina ante Lo Nuestro, tal vez sin importarle mucho que a escasos metros de su domicilio hay otra inseguridad mucho más acuciante y grave: la extrema pobreza y la exclusión social. Flagelos que, sin lugar a dudas, y tal cual describen sectores de la iglesia católica y del ámbito político, produce un marco de violencia cotidiana más grave que el delito común.
Al inicio de la reunión, Arslanián explicó: “hemos venido con el gabinete, para explicar qué cosas hemos hecho, hacia dónde vamos y, como recordarán, hace unos 40 días tomamos la decisión de constituirnos aquí. Los motivos fueron expuestos en una carta que difundimos, y allí explicábamos sintéticamente las razones”.

Eugenio Lanusse, el ex diputado liberal, Carlos Valerga, José Bereciartuga de la Cámara Empresaria de Vicente López, Carlos Ance del Foro de Seguridad de la comisaría 1º, Jorge Ferrer del Foro Municipal, el intendente Gustavo Posse –confundido entre los vecinos– y Susana Garnil, fueron tal vez las caras más notables del encuentro. Arslanián estuvo acompañado por su segundo Martín Arias Duval y gran parte de su gabinete. La idea del encuentro no era otra que presentar a las nuevas autoridades policiales y dar un informe de gestión. Un encuentro que se produjo tras la remoción de 37 altos oficiales de la Departamental de San Isidro, que incluyó el desplazamiento del comisario Rubén Cabrera, junto a otros altos comisarios de la zona.

Habrá que recordar que la remoción de los uniformados de “La Bonaerense” se fundó, tal cual lo denunciado por el propio Arslanián, en que estos policías tenían la intención de armar un complot para matarlo a él, a su segundo y al juez Fernando Maroto. Este último denunció en reiteradas oportunidades a Cabrera por “mandar a sus oficiales a la calle a cobrarles a los comerciantes para ofrecerles protección”. A muchos de estos “servidores públicos” se los vinculaba al negocio de la prostitución y la droga. Por tal motivo el desplazamiento era la jugada correcta a la hora de combatir el delito. “Creo que hay que ir con el bisturí a fondo. A “La Bonaerense” se la cambia ahora o nunca”, aseguraba a la prensa León Arslanián luego de producir los cambios mencionados. Cambios que por estas horas también estarían recayendo sobre la Departamental de San Martín. Una zona álgida, donde el delito pareciera contar con complicidades insospechadas.

Al igual que lo hiciera en su momento Juan Pablo Cafiero, Arslanián intenta recuperar una institución policial, ampliamente corroída por la corrupción. Nacida al amparo del general asesino Ramón Camps –cuando el ministro de gobierno era Jaime Smart, pleno apogeo de la dictadura militar del 76–, la amplía mayoría de la institución policial comenzaba a dejar la pizza y la coca, por negocios más rentables: droga, prostitución, secuestros y desarmaderos de automóviles.

Son más de 800 los policías desplazados por estar comprometidos con hechos de corrupción en los últimos tiempos. Y esto no es gratuito: quien pierde negocios millonarios difícilmente se resigne a “jubilarse”. Nosotros recibimos el anónimo con el supuesto complot y la posible liberación de zonas y 72 horas después se produjeron dos secuestros extorsivos de gran repercusión” detallaba Arslanián, cuando daba a conocer los motivos del desplazamiento de los 37 policías de la Región Norte. Un desplazamiento que para algunos representantes del sector político no pareció oportuno. Hasta hubieron intendentes, tal el caso de Enrique García, que salieron a respaldar públicamente al comisario Cabrera y Miguel Provenzano.

Vecinos molestos

Poco y nada parecía importarles a algunos vecinos que un ministro se sentara a dar explicaciones de su gestión. A dar la cara sobre temas delicados y complejos, como resulta el delito que eleva seriamente la temperatura de millones de ciudadanos.

Mientras el ministro iba desgranando y destacando logros y resultados obtenidos, el clima dentro del Club de Tenis de las Lomas iba aumentando. Arslanián detalló, entre otras cuestiones, que “producto del trabajo policial se logró reducir el índice delictivo e incautar en los últimos operativos poco más de 30 gramos de drogas y decenas de armas”. A simple vista pareciera una humorada del ministro. Si semejante despliegue policial observado a lo largo y ancho de toda la zona obtuvo tan magro resultado bien podría sacarse la siguiente conclusión: que el desplazamiento de los 37 uniformados fue el correcto. Quien debiera velar por la seguridad de todos los mortales a la hora de combatir el delito, por los resultados enunciados estaban mirando para otro lado. Evidenciando una incapacidad manifiesta.

La Departamental San Isidro es la zona donde más uniformados hay: 2500; la que más móviles policiales tiene: 480; donde se concentra la mayor cantidad de fiscalías, y no obstante es el mayor epicentro de robos, secuestros y consumo de drogas. Datos que a la hora de entender la realidad, no se los puede soslayar
Cansado de tantas explicaciones y datos estadísticos, un vecino se levantó de su sitio y espetó al jurista devenido a ministro, diciéndole que “queremos resultados concretos y no explicaciones que a nada nos conducen”. La reacción del funcionario provincial no se hizo esperar y le reclamó que “lo mínimo que podían hacer era reconocer el esfuerzo, que fueron a dar la cara” y de paso le dijo que dejen de gritar como marranos. Por su parte, Jorge Ferrer del Foro Municipal explicaba ante la prensa que los funcionarios siempre dicen lo mismo pero nada cambia y la inseguridad sigue creciendo.

Gustavo Posse, rápido de reflejos entendiendo que la cosa podría derivar por otros andariveles, pidió la palabra. Aprovechando la ocasión, dijo que “semanas atrás en una reunión pública organizada por la Mesa del Diálogo Nacional, al viceministro Martín Arias Duval se le había entregado un petitorio con la firma de más de 100.000 vecinos en que se reclamaba mayor seguridad para los sanisidrenses, la descentralización y el control social de la policía y, además, la posibilidad de contar con una policía comunal”. Al respecto el ministro reiteró que su plan es lograr una efectiva descentralización de la policía, que la policía comunal se estaba implementando en localidades del interior con menos de 70.000 habitantes.
“Puedo adelantar que la idea es que haya un jefe policial con mando sobre los efectivos en cada municipio, pero dependiendo no del intendente como en el caso del interior provincial, sino del Ministerio de Seguridad” detalló el ministro. Sin embargo, no son pocos los jefes comunales que piden tener mayor ingerencia sobre los uniformados y si es posible ejercer un mayor control sobre ellos. Es una pulseada que recién comienza y que llevará un largo debate. A nadie escapa la controvertida relación existente entre algunos intendentes y miembros de “La Bonaerense”. Fueron Gustavo Béliz y Marcelo Saín, ex viceministro de seguridad provincial, quienes en su momento salieron a ventilar públicamente la connivencia entre sectores de la policía corrupta y algunos intendentes. Una saga donde sectores del poder judicial no están exentos.

Posse recordó en otro tramo de su exposición que los “intendentes de la Región Metropolitana Norte hemos requerido que una vez que entre en funcionamiento la alcaidía para esta zona, se eliminen los calabozos en las comisarías para que no vuelvan a llenarse con detenidos, porque sino estaríamos ante un retroceso o una involución de la situación”. El ministro reconoció la justeza del reclamo y dijo que se estaba trabajando en ello.

Nuevas autoridades

Arslanián presentó al nuevo Jefe de la Departamental San Isidro, el comisario inspector Guido Omar Pesce: “tiene una impecable foja de servicio, con una carrera de 30 años y 64 distinciones que obran en su legajo personal.”

“Como Subjefe, nombramos al comisario inspector Víctor Hugo Iglesias, estuvo en la departamental de Dolores, y pertenece al escalafón de seguridad; luego, el secretario de la Departamental, el subcomisario Aníbal Reinaldo Maidana; el Jefe de Operaciones, Comisario Jorge Omar Nasrala; Jefe de Personal, la comisaria Adriana Graciela Castro”, agregó.

Por su parte, Arias Duval dijo que “nos hemos reunido en más de una oportunidad con los intendentes, con los secretarios de gobierno de los distintos municipios, hemos escuchado a los vecinos, las quejas, los reclamos, los reconocimientos en algunos casos, que nos hicieron tanto los vecinos como las autoridades”
“Tenemos la necesidad imperiosa de incrementar la dotación de personal de la policía de seguridad, hemos acordado a través de la indicación del ministro en poner en funcionamiento un programa de incorporación de efectivos en forma descentralizada, logramos la firma de un convenio recíproco y pretendemos que la Departamental San Isidro cuente con una oficina de reclutamiento permanente, con una estructura para incorporar y capacitar personal policial”, añadió.

“El déficit del personal policial es muy grave; es de 16 mil efectivos. Nosotros nos estamos fijando metas a corto, mediano y largo plazo. Para la Jefatura Departamental San Isidro, hemos acordado incorporar en forma inmediata 300 efectivos”, explicó.

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