Complot y limpieza policial

Una denuncia anónima puso al descubierto un plan para atentar contra el ministro de seguridad provincial y su segundo. La lista incluía al camarista de San Isidro, Fernando Maroto.

Era una de las tantas llamadas que a diario recepciona el 0800-222-2422, destinado a recibir denuncias sobre hechos que suceden en el ámbito de la Departamental Norte, con sede en San Isidro. El teléfono fue puesto a disposición de la comunidad por el Ministerio de Seguridad provincial a los efectos de que los vecinos puedan denunciar todo tipo de situaciones irregulares, sin necesidad de dar su identidad.

Sin embargo, el pasado lunes 27 de septiembre a las 9.13 hs., tal cual consignaran fuentes del ministerio de seguridad, del otro lado de la línea se escuchó la voz de quien dijo ser un oficial de la policía bonaerense. El oficial aseguraba que en la noche del domingo se había reunido una serie de oficiales con dos delincuentes, vecinos de San Fernando, con la clara intención de complotar contra el ministro de seguridad León Arslanián, su segundo, Arias Duval y la amenaza incluía al juez Fernando Maroto.

Siempre de acuerdo con la versión del ministerio, la reunión había sido convocada por el comisario Rubén Cabrera, jefe de la Departamental San Isidro. De esos encuentros habrían participado también los comisarios Reinaldo Kemer, Miguel Provenzano y Fernando Lentini y los oficiales inspectores José Eduardo Marinelli, Daniel Derruchi y Cristian Valler, todos de la zona norte. De acuerdo con la descripción realizada, los miembros de “La Bonaerense” contratarían a dos importantes delincuentes y ex convictos: Ojeda y Villalba.

Con esos datos y una vez chequeada la información por distintas fuentes, Arslanián salió a la palestra a anunciar el descabezamiento de 37 uniformados, muchos de ellos ligados al mencionado complot. El desplazamiento de los policías no hace más que hablar de la gravedad de la información y confirmar el alto grado de corrupción a la cual está sometida gran parte de la policía provincial. En lo que va del año, son más de 800 los uniformados echados de la fuerza por motivos vinculados a la corrupción.

Amenaza y zonas liberadas

Los motivos del mencionado complot habría que buscarlos, tal vez, en la fuerte presión que está ejerciendo el ministerio sobre la Departamental San Isidro. Una dependencia policial que cuenta con 2500 efectivos, muy buen nivel de equipamiento tecnológico y 480 móviles, sin embargo es en esta región, donde más secuestros se realizan. Y la responsabilidad recae justamente sobre el comisario Rubén Cabrera.

Otro detalle importante de la denuncia lo daba a conocer el ministro cuando decía: Nosotros recibimos el anónimo con el supuesto atentado y la posible liberación de zonas, y 72 horas después se produjeron dos hechos de secuestros extorsivos. Se refería al de la hija de un empresario de Morón y el de una empleada de una concesionaria de automotores de San Isidro.

No es la primera vez que desde las máximas esferas públicas se escucha hablar de zonas liberadas. Allí los delincuentes en connivencia con policías, logran delinquir sin correr riesgos. Una situación similar pasaba con suma frecuencia con el tema desarmaderos de autos. Un delito, hoy en baja y que en su momento mereció la mayor atención del gobernador Solá. Diversas investigaciones mostraban que en la mayoría de los desarmaderos estaba la protección policial y en algunos casos, política.

Denuncias que no son nuevas, pero sin embargo hoy cobran un cariz llamativamente distinto. Y decimos llamativamente distinto porque hace ya varios meses que el juez Fernando Maroto viene denunciando estos hechos.
En junio, el camarista, de reconocida trayectoria judicial y de fina sensibilidad social, había denunciado al comisario Rubén Cabrera por corrupto. “Manda a sus oficiales a la calle a cobrarles a los comerciantes para ofrecerles protección”, anunciaba Fernando Maroto, para agregar que “la corrupción está a la vista de todo el mundo. Y la justicia con algunos matices y excepciones no está exenta de esta corrupción” concluye el magistrado judicial.

En su larga saga de denuncias, el camarista vecino de Vicente López, y de larga prosapia peronista, también salió en diversas oportunidades a denunciar al servicio penitenciario. Fue él mismo quien recordó en su momento que hay más de 3.000 denuncias -donde se incluyen torturas y salidas de presos para robar- que duermen en los archivos. Prácticamente en soledad, Maroto debió enfrentar esta situación, recibiendo en cambio la desacreditación por quien entonces era el ministro de justicia provincial Alejandro Makievick y en menor medida del propio Solá.
Pero algo ha cambiado –positivamente por cierto– en esto último mes para que en forma inmediata se de curso de veracidad a las denuncias. No obstante, mientras el ministro de seguridad daba crédito a la denuncia y desplazaba a 37 efectivos, la procuradora provincial María del Carmen Falbo, relativizaba las mismas. Un criterio similar adoptaba el gobernador Solá.

Es cierto que se hace difícil entender que una denuncia telefónica produzca el revuelo que alcanzó. Si previamente no hubo la investigación del caso. Cuesta creer que en pocas horas se haya descifrado la trama del complot.
De acuerdo con nuestros datos, el restaurante donde se había hecho la reunión de los comisarios con los delincuentes, nunca fue allanado por la justicia. Lo que no le quita mérito a la denuncia, ya que no es ninguna novedad la corrupción policial. Pero sí es una novedad la rapidez y efectividad con que se actúo en esta oportunidad. Sin embargo, no fue lo mismo cuando, por caso, Maroto denunció otros hechos de igual gravedad.

Por estas horas, la provincia está intentando que la justicia provincial tenga facultad para combatir el tráfico de drogas en territorio provincial. Al respecto una fuente del ministerio revelaba ante Lo Nuestro “que hay muchos delincuentes (uniformados incluidos) que ven perder su “negocio” si la justicia provincial interviniera más contundentemente”.

Todos coinciden en que un primer paso para lograr mejores niveles de seguridad, es tener una policía que combata el delito y no cómplice de él. Desde que el Ministerio de Seguridad se instaló prácticamente en la Zona Norte, parece que algunos “popes de gorra” parecen ver perder sus viejos privilegios. Y tal vez en este punto pueda entenderse el porqué de tanta rapidez a la hora de descabezar a los sospechados de corrupción.

La impronta judicial y el profundo respeto y apego a la ley, que destila León Arslanián, seguramente sean la mejor garantía de que en la provincia, la seguridad es un tema tomado en serio, y sobre todo que a resolver en el largo plazo, a través de múltiples iniciativas.

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