Ruta del delito: facturas y servicios “truchos”

Fueron decenas los supuestos cursos que la administración del intendente Enrique García contrató en forma directa. Entre éstos se encuentra uno bajo el título: “Cómo lograr negociaciones efectivas”, a cargo de la empresa Nordway s.a, cuyo presidente, Ariel Ontivero estuvo preso. Para esto confeccionaron la factura Nº 0112 con fecha del 14 de octubre del 99, por un monto de $17.111,54. El municipio pagó el 11 de octubre con un cheque del Bco. Pcia de Bs. As (Nº 6303) que fue cobrado por Adriana Zárate. El 6 de diciembre del 99, la empresa Nordway le factura (Nº 0134) al municipio, el curso de “Cómo detectar corrupción en la administración pública”, por un monto de $17.942.11, habiendo cobrado la suma el 7 del mismo mes. Por su parte, la empresa CIDAN de Raúl Manuel Criado, también hizo lo propio con otros cursos.Otra prestadora, CIDAN, fue inhabilitada hasta el 2005; Esycom hasta el 2004 y Silver Trade hasta el 2005, todas por el Banco Central. Otro dato que a nadie le llamó la atención en el municipio fue que el apoderado de todas estas empresas era Reinaldo Castro. Demás está decir que muchas de estas empresas eran inexistentes, no tenían domicilio real. Tal el caso de Granara s.a, que facturó 700.000 pesos/dólares por un servicio que nunca ofreció.“Cuando le traen a firmar un papel así, de la Secretaría de Hacienda, uno no se detiene a controlar a un superior”, afirmó Angel Vanoni, al momento de sentarse ante la justicia en carácter de imputado. “Pedir explicaciones sería como meterse en camisas de once varas”, reconocía el ex funcionario, para concluir diciendo que “para hablar con ella (la secretaria) había que pedir audiencia”. En el expediente se ve claramente que la empresa Nordway -que facturó miles de pesos/dólares al municipio de Vicente López a fines de los 90- fue constituida el 15 de agosto del 97, siendo sus socios Ariel “El Momia” Ontivero y Fabio Tejera. Nordway figura como proveedora de materiales para la construcción para la empresa SITRA sacifi. A su vez, esta última empresa está vinculada con la firma URGANDA s.a, relacionada comercialmente con Word Class Consulting. Sobre ésta, el contador Eduardo Maieru de la AFIP dijo en su informe para el juez Biscayart, que “la municipalidad de Vicente López le hizo retenciones” en enero del 2002. Los datos aparecen dentro de la causa “Real de Azuña/sobre asociación ilícita”. También aparece involucrada plenamente la empresa Alvarez y Patiño s.a. Se le imputa “haber integrado una asociación ilícita destinada a la creación de sociedades comerciales que carecían de actividad económica real y solamente se encontraban asentadas en sus actos que serían inexistentes”. LA AFIP en su momento aseguró no tener en su base de datos a empresas como CIDAN, Esycom, System Research y Silver Trade. En foja 1456 -tal cual detallan los magistrados judiciales- se observa lo siguiente: “Se encuentran imputados diversos funcionarios y otros ciudadanos, entre los que surgen los siguiente datos: Ariel Ontivero, alias “El Momia”, según declara Nora Cristina Tello, presidente de System Research sa., fue quien le ofreció llevarla a un lugar para firmar como presidente de la empresa, por lo que le pagaron $25. A dicho lugar fue junto a Vicente Simone, quien era su pareja, y firmó como vice de la misma empresa en la escribanía de la Dra. María Noel Devoto“. Del relato judicial surge que “Ontivero estuvo detenido en Devoto por robo”

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