“García no puede, DEBE ser destituido”

por Javier E. Varani*

Habitualmente, cuando se pone en duda la gestión o la conducta de un intendente en la infinidad de debates que se producen, con sus bandos correspondientes, a favor o en contra de su destitución, muchos tratan de reducir la cuestión a lo meramente “legal”. ¿Es legal que el Concejo Deliberante suspenda a un intendente denunciado en tribunales?. ¿Qué puede hacer “legalmente” un Concejo Deliberante ante un intendente acusado de corrupción?.Lo cierto es que lo “legal” es uno de los criterios con que se deben encarar estas cuestiones. Pero no es el único. Ni tampoco el más importante.El buen gobierno, o el bien común resultante del mismo, son sumamente relevantes para la sociedad como para que sólo queden enmarcados en formalismos legales. En un sistema republicano y democrático, los controles entre los órganos del Estado no son solamente de legalidad (es decir, verificar que todos los actos del intendente estén hechos conforme a la ley), sino también y especialmente, son controles Políticos. Estos controles políticos tienen por finalidad verificar que todos los actos del intendente sean oportunos y convenientes. No basta con que no se hayan violado las normas (sería el colmo que un sistema democrático tolere a un intendente delincuente). El verdadero control es aquél que impide que el gobierno pierda el rumbo, o que se estanque (“no violo la ley, pero tampoco hago nada”), o que cambie las prioridades de la sociedad, o que no cumpla los objetivos establecidos para el año (a partir de una verdadera discusión presupuestaria, que en nuestra ciudad brilla por su ausencia).En materia pública, no sólo es importante “no robar”. También es importante “hacer las cosas bien”. La finalidad de un gobierno no es tener en un bibliorato todas las facturas A o B (que, desde ya, tienen que estar) sino lograr el pleno desarrollo de la comunidad que representa. El cumplimiento de la Ley es una condición necesaria al buen gobierno pero no suficiente. Y así como la facturación se controla desde la ley que regula el tema, la gestión se controla desde una evaluación “política” (no en un sentido partidista, sino en un sentido de bien común, atento a los intereses del vecino).Esto que decimos está incluído en las leyes que regulan la vida municipal en la provincia de Buenos Aires. En efecto, si un intendente comete un delito doloso y es condenado, el Concejo Deliberante no “puede” sino “debe” destituirlo. Y si el intendente es acusado de un delito y la justicia dispone su prisión preventiva, el Concejo Deliberante “debe” suspenderlo (art. 248 de la Ley Orgánica de Municipalidad). Esto, reconozcamos, es más que obvio.Ahora bien, el Concejo Deliberante también “puede”, aplicando “legalmente” su función de controlador político del intendente, suspender o incluso destituir al intendente por negligencias o transgresiones. Para esto tiene que cumplir un procedimiento previsto en la ley, que incluye una Comisión Investigadora y, desde ya, el derecho a defensa del investigado. Un intendente con todos los papeles en orden pero negligente, puede ser destituido por el Concejo Deliberante con “todas las de la ley”. Esto es lo que ha ocurrido en nuestra vecina ciudad de Buenos Aires, el año pasado, con la destitución de su Jefe de Gobierno.Y esto es así porque el Concejo Deliberante es el órgano político más importante de la ciudad. El intendente jura, al asumir su cargo, ante el Concejo (no la inversa); el intendente debe rendir cuentas, anualmente, ante el Deliberante; el Concejo puede pedir explicaciones al intendente y sus colaboradores. En una democracia, el Concejo Deliberante es la verdadera “cabeza” de la ciudad …y debe actuar como tal.Nuestra ciudad, creemos, está mal gobernada desde hace muchos años. Vicente López, con sus recursos humanos y materiales, está obligada a ser un modelo de ciudad (como lo son Rafaela, Rosario, Maipú -Mendoza-, Marcos Juárez, y muchas otras). Sin embargo, cada vez estamos más lejos de alcanzar ese ideal y más cerca de convertirnos en Macondo: una secretaria de hacienda que devuelve dinero sustraído al erario público; un intendente que acumula denuncias por varias decenas; un “plan de ciudad” basado en excepciones urbanísticas; una “Fundación” caritativa cuya obra se difunde como estatal…Hace tiempo que debería haberse constituído una Comisión Investigadora en el Concejo Deliberante. Perdón, sí se formó una: para investigar a concejales que tuvieron el atrevimiento de controlar al intendente. * Presidente de la Unión Vecinal de Vicente López

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