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Recuadros
[Edición #558 | 26.11.2007]
Vicente López | Corrupción municipal

Piden juicio penal de Enrique García


El intendente y otros imputados, son acusados por los delitos de administración fraudulenta. Los cursos de capacitación para el personal municipal que “nunca se dieron”, son la clave de las imputaciones. Una estafa que ronda los 4 millones de pesos/dólares. La medida judicial será apelada por la defensa. Sobreseen a otros funcionarios

Mientras los votos siguen dándole un poco de oxígeno a la desgastada administración García, y algunos funcionarios y asesores festejan la continuidad laboral, el juez Rafael Sar Lari (Garantías N° 3 de San Isidro) decidió -en sintonía con el fiscal- pedir la elevación a juicio oral del imputado intendente Enrique García (IPP 78197. Causa 1636). Esto sucedió el pasado 1º de noviembre, y en su escrito el magistrado se basa en los innumerables delitos en los que habría incurrido el máximo jefe comunal y el resto de los imputados. En total, son 61 cargos que se le endilgan al intendente y a varios de sus más estrechos colaboradores. La malversación de fondos, el pedir coimas, o bien incumplir con los deberes de funcionario público son algunos de los ejes acusatorios. Las maniobras delictivas, basadas en la contratación directa de empresas que ofrecían cursos de capacitación para el personal municipal (que “nunca se dieron”, tal cual afirma el fiscal), perjudicaron a las arcas municipales en un cifra superior a los 3 millones de pesos/dólares, durante los años 90 -ampliar información exclusiva en www.diariolonuestro.com.ar-De concretarse el proceso, sería el segundo caso en toda la historia, desde el retorno de la democracia, que un intendente de la Región Metropolitana Norte deba afrontar un juicio por corrupción. Con anterioridad, también otro radical, en este caso Oscar Giordano de Tigre, fue destituido por hechos vinculados a la corrupción administrativa. Ahora pareciera llegarle el turno a Enrique “Japonés” García. Un García que recibió la noticia con sabor amargo. Si bien muchos de sus colaboradores fueron sobreseídos del juicio oral -ver nota sobreseídos-, él y otros estrechos colaboradores deberán pasar por el banquillo de los acusados. El paso siguiente será determinar el Tribunal Oral que juzgue las conductas de los imputados. Un trámite que demandará varios meses. Cuando no, años. Todo indica que las apelaciones por parte de los abogados defensores funcionarán una vez más: Cámara, Casación, Corte.... La consigna pareciera ser “apunten contra la principal imputada, Dora Zorrilla” (ex mano derecha y mujer de confianza de García y ex secretaria de hacienda de la municipalidad), para que de este modo las culpas recaigan sobre una sola persona. Bastaría recorrer los expedientes -más de 30 cuerpos acumulados en poco más de 9 años de investigación- para comprender que difícilmente un magistrado centre toda su atención en una sola persona. “Defraudar al municipio por los montos que se manejaron, no fue tarea de una sola persona”, se escucha decir en los estrados judiciales. Mucho menos cuando los hechos se sucedieron de manera reiterada y durante varios años, tal cual ha quedado demostrado en los expedientes y en las múltiples denuncias presentadas por la oposición en el Concejo Deliberante y desde estas páginas -ampliar detalles en www.diariolonuestro.com.ar-. Concejales como Primo Falistocco -ex PJ, hoy un sumiso hombre del intendente-, el ex concejal Eduardo Di Martino (ex Frepaso ahora Vida y en su momento hombre de García), y la diputada nacional Diana Conti (ex Frepaso, ex Alianza, ahora ultra K y socia política de García), en su momento pegaron el grito. Más coherentes fueron los ex concejales, Juan Vigliecca, Javier Varano, Eva Valenzano, Carlos Roberto, Diego Bonadeo, y Sonia Martín, especialmente estos dos últimos, que fueron los que pilotearon, en gran medida y muchas veces en soledad política, las denuncias desde el recinto. No es complejo imaginar que los delitos que denunciara en su momento el fiscal, y hoy son avalados por el juez Sar Lari, difícilmente haya sido pergeñado por una sola mente. Quienes conocen los andamiajes de la administración García por dentro, confiaban ante este medio que “ella actuó con la venia de otro; tal vez se pasó de rosca, pero todos sabíamos de los manejos”.Del escrito judicial presentado el pasado 1 de noviembre, que lleva la firma del juez, se puede leer lo siguiente: “No hacer lugar parcialmente a los pedidos formulados por los abogados defensores de Enrique García, Armando Vardala y Jorge Di Toto y los defensores de Francisco Ontivero, Francisco Sales y Daniel Valle, elevar la presente investigación penal preparatoria a juicio, por los nombrados en orden a los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública... Remitir los expedientes al Tribunal Oral en lo Criminal”. Vale la pena aclarar que Sales fue tesorero municipal, mientras que Valle es el marido de Dora Zorrilla.En otra parte de los expedientes el magistrado dice: “Hacer lugar a las oposición formulada por todas las defensas y con carácter extensivo, dado la materia, para el total de imputados y sobreseer parcialmente a Francisco Sales, Claudio Cavour, Manuel Criado, Enrique Vinci, Enrique García, Francisco “El Momia” Ontivero, Daniel Valle”, entre otros. “En torno a los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Como se observa, se los “castiga” por un lado y “se los libera” por otro. Por otro carril, la jueza Mónica Cohelo, penal Nº10, se tramita otra causa en la que también Enrique García y Dora Zorrilla, se encuentran involucrados. En ese ámbito, la justicia tiene demostrado que la administración García pagó sobreprecios por servicios de Data Entry, carga de datos a las computadoras del municipio. De acuerdo con el peritaje judicial, el municipio desembolsó $12 la hora de Data Entry, cuando en realidad, el valor del mercado era $3,2. La causa se encuentra apelada y con varios pedidos de nulidad -ver www.diariolonuestro.com.ar. ediciones anteriores-, lo que demorará la definición. Los expedientes están en la Corte provincial a la espera de una resolución. Esto se debe a que los funcionarios procuran por todos los medios legales, dilatar las definiciones. Recursos y poder le sobran. Las cárceles están pobladas de pobres y desconocidos. Los ricos y famosos gozan de buena salud. Y como decía Alfredo Yabrán: el poder es tener impunidad. Y ya se sabe, quien goza de poder, disfruta de la impunidad...pero ahora, parece que muchos jueces quieren jugar en serio.

Vicente López
Fecha: 08/12/2007
Nombre: La Dignidad
Email:
Comentario: Por fin voleré a Vicente López después de tantos años.

Fecha: 09/04/2008
Nombre: fernando
Email:
Comentario: garcia dejate de joder hacele un favor a vte lopez y tomate el aplo viejo chorro cara dura hijo de puta

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Prensa y políticos cómplices

Seguramente otra hubiera sido la situación, si la prensa, especialmente la capitalina, hubiese tomado las denuncias con el rigor profesional que el caso merecía. Seguir la causa en toda su dimensión, hurgar y no dejar las cosas ahí, hubiese sido la manera correcta y básica que aconseja la más simple investigación periodística a la hora de buscar la verdad. Nada complejo e imposible. De hecho, Lo Nuestro lo hizo en soledad y de manera exclusiva. Desafortunadamente, fue el único medio de prensa que nunca dejó de decir lo que otros prefirieron callar. Pareciera ser que para algunos medios, las pautas comerciales son más atractivas que la búsqueda de la verdad. También un alto porcentaje de la dirigencia política estuvo distante de todos estos vaivenes. Su silencio fue llamativo.

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Los sobreseídos

Otras de las grandes novedades que surgen de los expedientes es que el juez dio lugar al sobreseimiento de algunos de los imputados. En su escrito dice: Hacer lugar a la oposición del Defensor Oficial Dr. Fernando Abad, (Osvaldo Simiele, Guillermo León y Carlos Granillo, entre otros) y sobreseer totalmente a Miguel Villarino, O. Simiele, Angel Vanoni y Carlos Granillo, en torno a los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y con delito de peculado (art 55, 173 CPP).

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El delito “está”

A foja 8, el abogado defensor Jorge Hernández, defensor, entre otros, de Osvaldo “Azucarero” Simiele, Guillermo León, Armando Izzi y Carlos Granillo, asegura en su escrito ante el magistrado que “... la totalidad de las órdenes de compra involucradas en estos episodios fueron confeccionadas en un solo y único lugar... y que la Dra. Zorrilla fue la que asumió la totalidad de la defraudación siendo que devolvió el dinero propiedad de la municipalidad de Vicente López”. Una clara demostración que los delitos denunciados son una realidad que para el común de la gente, no merecerían discusión alguna.

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Certeza judicial
Indudablemente, la decisión de Rafael Sar Lari -expedirse a posteriori de las elecciones del pasado 28-, cayó muy bien, pues mostró una correcta y acertada equidistancia de las cuestiones políticas.