La administración García logra dilatar la sentencia

La malversación de fondos, el faude en perjuicio de la administración municipal y las coimas, son la clave de las acusaciones que analiza el juez. Más de 3 millones de pesos/dólares pagados por “servicios que nunca se dieron”. Lentitud judicial y habilidad de la defensa, posterga juicio oral. El intendente junto a otros imputados, se juegan su futuro

Que el poder justicial tiene muy buena armonía con el poder político a la hora de atender “casos delicados”, no es ninguna novedad. Que las cárceles están pobladas de gente pobre y desesperada, tampoco es novedad. Que los ricos y famoso zafan, es otra dura realidad. Que el poder político tiene los medio a su alcance para presionar a la justicia, no es novedoso. Que la justicia está desacreditada -aún habiendo jueces muy serios-, tapoco es novedad. Por eso y bajo éste marco, no resulta llamativo que la causa en la que 22 ex y actuales funcionario de la administración García -inlcuídos el intendente-, se encuentre “estancada”. La mayoría están acusados de malversar fondos públicos, de coimear, e incumplir con los deberes de funcionarios. La propía dinámica judical, permite que los ricos y famoso sobrelleven los procesos judiciales de una manera diametralmente opuesta a la de todo mortal. Un beneficio con el que parecen contar muy pocas personas. Para ésto, es indispensable contratar carísimos estudios, y sobre todo, con poder. Y en Vicente López, pareciera que está suerte de derrotero funciona. Bastaría analizar más de 7 años de poreceso judicial, más de 26 cuerpos; las excarcelaciones, las decenas de pruebas irrefutables, y las amenazas y presiones a magistrados, para corroborar que el poder hizo sentir su rigor sobre la justicia.Lo que parecía un proceso firme y encaminado a un juicio oral para fin de año, gracias al buen menejo de los abogados defensores -entre los que se encuentra Néstor Casfegzolus, el mismo de Carlos Carrascoasa-, y yerros judiciales, terminó en la Cámara de Casasión de La Plata y en la Suprema Corte provincial.Mientras las imputadas Adriana Piaggio, Rita Begg, Susana Blanco, Mirian Sanchez, María Oriolo y Dora Zorrilla, ex mano derecha y secretaria de hacienda del municipio, esperaban la fecha del juicio oral (Tribunal Oral Nº2), la defensa logró que se les reconociera un pedido de nulidad. La medida fue otrogada por los jueces Luis Zapata y Clarisa Moris responsables Tribunal Oral Nº 2 de San Isidro, el mismo que las iba a enjuiciar. La cusa se tramita en el juzgado del juez Rafael Sar Lari, garantías Nº 3 y de ahí pasó a Casasión, después de ser apelada la medida. En el mejor de los casos, comentaba una fuente judicial, los expedientes podrían estar un año en La Palta. El traslado de la causa se habría motivado por error del juzgado que no advirtió que la defensa había pedido la nulidad y si embargo envió la causa (Nº242948) a juicio oral . Al igual que García y la mayoría de los imputados (artículo 308 del C.P.P.), Zorrilla está acusada por la contratación directa de cursos de capacitación para el personal municipal que nunca se dieron, sin embargo el municipio pagó varios millones de pesos dólares (más de 3.5) en los 90 -ampliar información www.dairiolonuestro.com.ar-. Hasta aquí, la causa de los cursos de capacitación para el personal municipal “que nunca se dieron”.A escasas cuadras, en el juzgado penal Nº10 de la doctora María Cohelo, se tramita, también desde hace años, otra en la que figura, además de Enrique García y Dora Zorrila otros ex y acutales funcionarios. Alli se investiga el sobreprecio por servivios de Data Entry, carga dedatos a computadoras. Lo que en el mercado costaba $3,2 la hora de Data Entry, la administración García pagó $12, denuncia la jueza.Al igual que los otros pocesos, la defensa de los imputados utilizó todos los medios legales para evitar que sus clientes se sentaran en el banquillo de los acusados. Y en gran medido lo lograron. Hoy al jueza Cohelo, aguarda que la Corte provincial se expida por un pedido de nulidad. Un trámite que, de acuerdo con lo manifestado desde el mismo juzgado, podría demorar varios meses más. “A este rítmo, no antes del año que viene” confiaban. Si bien las cuasas de funcionarios publicos no prescibe, Zorrila al igual que otros de sus compañeros ya no lo son, y por lo tanto, la dilación podría darles una gran mano. Al resto, tal vez lo ayude aquella la maxima de Yabrán: “El poder es tener impunidad”. Y la impunidad, ya se sabe, facilita evadir ciertas contigencias.

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