Continúa debatiéndose la suspensión de Enrique García

Acusados y sospechados de cometer una serie de delitos, la justicia decidió pedir el juicio penal sobre algunos ex y actuales funcionarios municipales, entre ellos, el intendente. Opinan diversos sectores de la comunidad de Vicente López.

A raíz de los juicios penales que penden sobre la administración municipal y que tiene al intendente Enrique “Japonés” García como “principal actor”, diversas expresiones sociales, culturales y políticas vienen manifestándose en torno a la posible suspensión (o destitución) del intendente. Una medida que está en manos del Concejo Deliberante. El hecho que un jefe comunal, el segundo en toda la zona norte (antes fue el también radical Jorge Giordano) pueda sentarse en el banquillo de los acusados despertó el lógico debate. Posturas que parten de la suspensión lisa y llana, hasta aquellas que entienden que hasta tanto la justicia no se expida el Concejo Deliberante tampoco debiera expedirse, son algunas de las variantes en discusión. Y no faltan los que plantean la destitución.Tal cual señaláramos en nuestra última edición, el juez de garantías del juzgado Nº 3 de San Isidro, Rafael Sar Lari, decidió dar lugar al pedido de la fiscalía: enviar el intendente García a juicio oral. En sus fundamentos el magistrado dice: no hacer lugar parcialmente a los pedidos formulados por los abogados defensores de Enrique García, Armando Vardala y Jorge Di Toto y los defensores de Francisco Ontivero, Francisco Sales y Daniel Valle, elevar la presente investigación penal preparatoria a juicio, por los nombrados en orden a los delitos de administración pública... remitir los expedientes al Tribunal Oral en lo Criminal. Francisco “El Momia” Ontivero, cabe recordar, era un ex preso que cobró $25 para estar al frente de una de las tantas empresas “truchas” (System Research), que supuestamente le brindarían servicios al municipio: cursos de capacitación para el personal municipal. Los cursos, tal cual está demostrado ante la justicia, nunca se dieron. Mientras que Daniel Valle, no es otro que el marido de Dora Zorrilla, ex Secretaria de Hacienda y mujer de extrema confianza de García. La misma que devolvió ante la justicia la friolera de $1.300.000 luego de reconocer los hechos que se le imputan. Cabe destacar que la justicia acusa a García y demás colaboradores de haber defraudado al erario municipal, a partir de la contratación directa de cursos de capacitación para el personal municipal. Cursos que nunca se dieron, y sin embargo el municipio desembolsó más de 3,5 millones de pesos/dólares durante los años 90. Tal cual Lo Nuestro ha publicado en forma exclusiva desde hace 8 años. En la causa (IPP 78197. Nº 1636), se describe que la administración García contrató -entre otros cursos- uno que estaba orientado a “Cómo detectar fraude en la administración pública”. Esto sucedió el 6 de diciembre de 1999, para esto la empresa Nordway le facturó (Nº 0134) al municipio $17.942,11. Al día siguiente los “empresarios” pasaron por la ventanilla del banco. Después, a repartir el dinero -ampliar detalle en nota: “Los cursos me condenan”Este tipo de maniobra delictiva es la que se detalla en las miles de fojas que dan cuerpo a los expedientes judiciales. Infinidad de delitos, en total 61 hechos, que logro registrar en su momento el fiscal Lino Mirabelli -ampliar datos exclusivos en www.diariolonuestro.com.ar-.

Suspensión , destitución o la espera judicial
Con semejantes acusaciones dando vuelta era más que natural que surgieran distintas reacciones. Con pensamientos y lineamientos políticos contrapuestos, los consultados se inclinaron por las tres variantes posibles: suspensión, destitución y la espera de la sentencia judicial. Sobre este último punto, habrá que consignar que la defensa de García tiene todo dispuesto para apelar la medida de Sar Lari. Esto llevaría varios meses, cuando no, más de un año. Así fue como el ex concejal Javier Varani (Frepaso, Unión Vecinal), poniendo toda la legislación sobre la mesa dijo que “García no puede sino que debe ser destituido”. “El Concejo Deliberante, a través de una Comisión investigadora, con el derecho a la defensa que le asiste al intendente, puede suspender o incluso destituir al intendente por negligencias o transgresiones”. “La justicia le imputa al intendente 61 hechos -entre ellos la administración fraudulenta en perjuicio del erario municipal-, razón suficiente como para dar un paso al costado”, afirmaba en su momento el Grupo Coincidencias, integrado, entre otros, por Rodolfo Santángelo, Raúl Boemo, Silvia Davecchio, José Armaleo, Pablo Román, Miguel Armaleo, Mónica Labonia, Jorge Durante, Marcela Astete y Claudio Leveroni. “Un municipio en serio no se puede construir con gente vinculada al delito y al robo, es un verdadero despropósito”, detallaban para agregar que “no abordar la suspensión es premiar la deshonestidad; facilitar que las nuevas y futuras generaciones crean que todo es posible, que la justicia es una quimera que sólo funciona para los perejiles”.
La mirada de Guido Lorenzino, recientemente electo diputado provincial por el Frente para la Victoria y devoto sciolista, se distancia de las otras posturas. “Creo que lo importante y responsable es esperar la sentencia judicial”, describe el legislador como quien mide cada una de sus palabras y evita enfrentar al actual jefe comunal por estas cuestiones. El diputado, haciendo hincapié en la institucionalización, dice “que mal podríamos pedir la suspensión o destitución, porque no sea cuestión que la sentencia judicial lo libere de culpa y cargo”. Desde otra vereda política y con una conocida impronta crítica sobre la actual gestión municipal, el radical Horacio Alcuaz, hoy diputado nacional por la Coalición Vida, también considera oportuno esperar la resolución judicial. “Acá el tema de fondo es la lentitud judicial, que en este caso, como en muchos otros, puede ayudar o perjudicar al imputado”, razona el diputado. Para Alcuaz, “desde lo ético seguramente García no debería asumir, pero en términos jurídicos o legales me parece que hay que esperar que la justicia se expida, porque si es suspendido o lo peor, destituido, y después el fallo le es favorable, estaríamos cometiendo un grave error”.“Queda claro que éticamente no debería estar presidiendo el Departamento Ejecutivo”, explica ante Lo Nuestro el concejal Luis Parodi (Pro-Recrear). En cuanto a la destitución, Parodi considera que no cabe, ya que la ley Orgánica Municipal determina que para que suceda esto debiera existir sentencia firme. Sin embargo, no rechaza la posibilidad de una suspensión. Cuando el año pasado se planteó dicha posibilidad en el Concejo Deliberante, él la votó afirmativamente. Demás está decir que la iniciativa no prosperó por la negativa del oficialismo y de los concejales del Frente para la Victoria que son parte del esquema del poder municipal.
Más contundente en cuanto a la suspensión, se mostró el ex concejal Juan Enrique Romero (PJ). Como concejal, Romero fue un infatigable luchador por la transparencia administrativa. Tampoco dejó pasar las oportunidades a la hora de investigar y denunciar diversos hechos ligados a la corrupción administrativa. Una labor que le resultó infructuosa por la negativa de la mayoría, pero no en vano. “Un funcionario serio, de bien, con un poco de ética, no debería estar asumiendo; permitiría que la justicia obre sin presiones”, explica Romero, para agregar que “la ley Orgánica Municipal faculta al Concejo Deliberante a instrumentar la suspensión, motivos sobran”. Romero pone en el tapete un tema nada menor: la investidura de un imputado como puede ser en este caso un intendente, generalmente intimida a la justicia.No es ningún secreto que ricos y famosos, una saga en la que se inscriben muchos funcionarios, logran sortear la vallas judiciales de manera más laxa que el común de los mortales. Las cárceles están pobladas de pobres e indigentes, no de rubios y poderosos. Seguramente, no es lo mismo enfrentar un juicio penal siendo funcionario de nivel, que un simple ciudadano. Vaya si lo saben Moneta, Menem o De la Rúa.Para la concejal Blanca Díaz (ARI- Vecinos Unidos), si hay una acusación judicial como la que pende sobre el intendente García, él debería ser el primero en dar un paso al costado, esto es lo que corresponde en términos políticos. “No es ningún secreto que tenemos un sistema judicial sumamente lento -afirma la concejal-, y a veces inoperante, que no hace más que entorpecer el sentido de la justicia, por lo tanto hay que ser muy cauto antes de suspenderlo o destituirlo”. Díaz, enrolada en la vereda de los críticos de García, evalúa que “lo correcto hubiera sido que no se presentara a elecciones, así la justicia podría avanzar sin presiones”. Habrá que recordar que la legisladora acompañó la formación de una Comisión Investigadora que ponía el acento sobre la suspensión del mandamás municipal.Más contundente y precisa resulta la dirigente social Iris Di Giano, integrante de la Asamblea Florida y ex candidata a intendente por el MST: no caben dudas, debe ser suspendido. “Es una barbaridad que siga en el cargo como si nada hubiera pasado”, detalla la dirigente. Di Giano estima que hay elementos suficientes como para aplicar la suspensión, además -agrega- él debería sentarse como un hombre común y no como funcionario, así la justicia podría investigar sin presiones“. Y no deja pasar la oportunidad para aclarar que García sigue siendo un mal ejemplo para aquellos que creemos en la igualdad ante la ley.
“La función pública no es un puesto de privilegio, muy por el contrario, uno debe estar siempre dispuesto a aplicar el sentido común y someterse a la justicia sin escudos protectores”, arriesga el nuevo concejal Walter Rojas (ARI) a modo de describir las ventajas con las que cuentan ciertos funcionarios que deben transitar los pasillos judiciales. Para Rojas, no caben dudas que desde lo ético no debería estar ni un minuto más en su cargo, además, acaba de recibir el 70 % de repudio de los vecinos”. La apreciación de Rojas está relacionada con el porcentaje de votos obtenidos el pasado 28 de octubre. “Si tuviera un poco de ética y respeto político, tendría que pedir licencia hasta tanto la justicia se expida”, concluye Walter Rojas.
“Sin ser un experto en cuestiones legales, considero que hay razón suficiente como para que García sea suspendido”, manifiesta el ex concejal Claudio Del Río (Cultura Popular Independiente). “Me parece que los tiempos que corren, con un Kirchner que alienta el valor de la política como factor de cambio y de la recuperación ética, García no le hace un favor a la denominada nueva política y mucho menos a las instituciones”, describe el profesor de teatro Claudio Del Río

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