Una delgada línea entre lo ético y lo legal

Por Claudio Leveroni*

El país de la justicia social fue aquel que los argentinos votaron masivamente en los años setenta, representados en la figura de Juan Domingo Perón. El país de la democracia y la libertad fue el camino que sentenciaron los argentinos en 1983, instalando a Raúl Alfonsín en la casa Rosada. La década de los noventa entremezcló un exacerbado individualismo, representado en el llamado voto cuota, con la preferencia hacia un modelo liberal que privilegió el empequeñecimiento del Estado. La expresión actual de los argentinos parece estar encaminada hacia la recuperación de valores perdidos, como la independencia económica y la autonomía en nuestras decisiones políticas. En esta última etapa surge, también, un proceso que tiende a rescatar como saludables aquellas gestiones que, además de haber concretado hechos con tendencia a mejorar la calidad de vida de la gente, están emparentados con la transparencia y la honestidad. En sintonía con la recuperación de estos últimos valores, la flamante gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, hace pocos días sorprendió a sus adversarios cuando en su discurso de asunción les pidió que controlen su gestión. No es un caso aislado. Hay una tendencia, cada vez más manifiesta, por interpretar nuevos reclamos que surgen en la sociedad. Dar testimonio de transparencia y honestidad en la gestión de gobierno es una condición cada vez más cotizada entre los votantes. Ésta es una de las causas para explicar la tremenda pérdida de votos que tuvo Enrique García en la última elección a intendente de Vicente López. Es cierto, le alcanzó el 22% de los votos habilitados para quedarse cuatro años más al frente del municipio. Pero, no menos cierto es que la incapacidad para unirse de la oposición representada en 23 listas, ayudó a extender su tiempo como jefe comunal, el mismo que alguna vez supo ganar con el 60% de los votos. Las causas judiciales que rodean la administración de García aparecen como las culpables de tamaño pulido electoral. Ahora, su situación empeoró. El juez de garantías de San isidro, Rafael Sar Lari decidió elevar a juicio una causa que lo tiene a Garcia como imputado por administración fraudulenta. Gracias al sabio principio basal de la justicia argentina, que sostiene que un acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario, el intendente aún no es culpable. Pero, el pedido formal del magistrado y del fiscal, resumen que hay pruebas suficientes para pensar que la situación del intendente está muy comprometida, tanto que merece dar explicaciones en un juicio oral.
Su continuidad al frente del municipio se debate en una delgada línea que entremezcla la legalidad con la ética, que resume las conductas morales que debe tener un individuo que representa los intereses de una sociedad. Para estar a la altura de estos tiempos y sus circunstancias, el intendente, parafraseando a la gobernadora de Tierra del Fuego, debería pedirle al Concejo Deliberante que lo investigue. Sería una forma éticamente honorable de sostener su legalidad.

* Periodista

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